4.146.274,97 euros. Es el dinero que el Tribunal de Cuentas reclama a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y 26 cargos y excargos de la Generalitat. Según ha avanzado RAC1 y ha podido confirmar ElNacional.cat, es el dinero que, finalizada la instrucción, el ente considera que se ha malversado por el referéndum del 1-O. Hoy, en una vista con los representantes legales de los acusados, se ha notificado el acta de liquidación provisional a los representantes legales de los encausados y se ha impuesto una fianza por el valor total estimado. Si no pagan la fianza, habrá embargo de bienes. La historia del 9-N se repite, aunque el importe es algo inferior, pero más del doble de lo que probó el Tribunal Supremo.
La cifra es provisional y se tendrá que confirmar en juicio, pero el Tribunal Supremo ya condenó a los presos por malversación. De este dinero, 3,9 millones de euros corresponen a los "daños ocasionados a los fondos públicos" y 242.980 euros a los intereses provisionales desde fecha de los hechos hasta la fecha del acta.
Este nuevo proceso se ha iniciado por la demanda que presentaron Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución. Las dos entidades reclamaban dos millones de euros por los costes del referéndum pero también 87 millones por el coste de la operación Copérnico para enviar a la policía española a Catalunya. La Fiscalía, que también es parte, no cuantificó la cifra.
El Tribunal de Cuentas reclama dinero a 28 personas, tras exonerar a tres personas. En primer lugar, al president Carles Puigdemont, y también al vicepresidente Oriol Junqueras y a los exconsellers Quim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.
El resto de encausados en este procedimiento son Neus Munté, Amadeu Altafaj, Josep Maria Jové, Josep Ginesta, Natàlia Garriga, Ignasi Genovès, Jaume Mestre, Antoni Molons, Joaquim Nin, Teresa Prohias, Albert Royo, Francesc Sutrías, Rosa Vidal y Aleix Villatoro.
Los gastos imputados
Entre los principales gastos que el Tribunal de Cuentas imputa a los 28 encausados, hay el web y la aplicación del referéndum (171.357€), gastos de rehabilitación del CTTI (1,4 millones), el registro de residentes en el exterior (182.572 €), la campaña Civisme (357.068 €), los gastos relativos a Unipost (1,25 millones), la cartelería del referéndum (65.730 €), la campaña internacional de la Generalitat (63.735 €), la invitación de grupos parlamentarios europeos (88.643 €) o los observadores internacional de la votación (366.664 €).
Como el 9-N
Con este paso de hoy, se ha dado por cerrada la fase de instrucción del Tribunal de Cuentas. Empezará un nuevo juicio, con nuevas vistas, que concluirá con una sentencia en primera instancia. Esta sentencia podrá ser recurrida, primero a la sala de apelación del mismo Tribunal de Cuentas y después al Tribunal Supremo.
El procedimiento se parecerá mucho al del 9-N. En aquel caso, el Tribunal de Cuentas condenó al president Artur Mas, los consellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau y seis encausados más a devolver casi cinco millones de euros, aunque no habían sido juzgados por malversación. Aquel proceso también empezó con una demanda de Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución.
El Supremo cifró en dos millones
En su sentencia del 14 de octubre, la sala segunda del Tribunal Supremo concluyó que el Govern había malversado unos dos millones de euros por la celebración del referéndum. Los magistrados se centraron en las facturas por la página web y las campañas del referéndum, los observadores internacionales y los encargos a Unipost. Como no se pudo probar pago, Manuel Marchena se basó en los gastos comprometidos, no necesariamente pagados.