El ahogo económico a los gobiernos catalanes se reactiva. El Tribunal de Cuentas ha anunciado hoy que ha finalizado el plazo para personarse en la causa contra los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont (la B-180/21), a quienes se les reclama 5,4 millones de euros en gastos de los años 2011 al 2017 para promocionar Catalunya y el procés de independencia en el exterior. El tribunal detalla que "no hay ninguna nueva personación", hecho que significa que continúan personados Sociedad Civil Catalana, el ministerio fiscal y la treintena de excargos políticos como supuestos responsables contables. La Abogacía del Estado ya anunció que en la fase de enjuiciamiento se retiraría de la causa, ya que se ha demostrado que no hay fondos del Gobierno en estas partidas bajo sospecha. La Generalitat de Catalunya siempre ha mantenido que "no ha sido perjudicada" por estos gastos de promoción del país.
El Tribunal de Cuentas informa de que ahora se darán 20 días a las partes "legitimadas para demandar", y posteriormente se darán 20 días más a la Fiscalía para que presente su demanda. Son los pasos previos para llevarlos a juicio. En octubre pasado, la instructora del tribunal, Margarita Mariscal de Gante, vio indicios de responsabilidad contable y exigió a los investigados que depositaran las fianzas con el acta de la liquidación provisional, la primera realizada el 28 de enero del 2020 y la definitiva, el 29 de junio del 2021. En concreto, la nueva factura al gobierno catalán por la promoción del procés soberanista en el extranjero es de 5.422.879 euros (con 271.723 euros de intereses ya sumados). Y, al final, hace responsables contables a 34 cargos públicos entre los años 2011 y 2017.
Los avales
El octubre pasado, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) anunció que había depositado en el tribunal dos de los casi cinco millones y medio euros que el Tribunal de Cuentas reclama como fianza y de forma solidaria a la treintena de ex altos cargos de la Generalitat. Fuentes de ERC detallaron que la recogida de dinero se había hecho con el esfuerzo de la militancia y que, en concreto, los dos millones abarcan todos los ex altos cargos que estuvieron en el Govern entre el 2016 y el 2017. Es decir, el president Carles Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras y el conseller Raül Romeva, entre otros. Con respecto a la época del gobierno de Mas, como el exconseller de Economia Andreu Mas-Colell, tuvieron que depositar bienes inmuebles personales para cubrir el aval y evitar embargos.
En cuanto a los gastos, hay 31 bajo sospecha, la mayoría son viajes, pero también contratos, alquileres, subvenciones del Diplocat o actas en las dieciséis delegaciones del Govern en el extranjero. Hay una única partida que solo se atribuye a un cargo, que es el ex secretario general del Diplocat Albert Royo, que es a quien se le reclama más responsabilidad contable (3,6 millones), junto con la interventora de la Generalitat Mireia Vidal (3,3 millones). En concreto, se exige únicamente a Royo 84.465 euros por el personal de este ente público-privado y por la demanda de dos trabajadores por el cierre de la oficina en Lleida. Royo comparte responsabilidad con el exconseller Francesc Homs de 47.342 euros por contratos de análisis y difusión y conferencias del “nuevo paradigma económico en Catalunya”. Y por la subvención a la plataforma Focir de 444.320 euros (que también se investiga por la vía penal por otras partidas), se le atribuye la responsabilidad compartida con los presidents Mas y Puigdemont, entre otros cargos. En cuanto a las delegaciones en el extranjero, la que tiene la partida más elevada bajo sospecha es la del Reino Unido (con 308.515 euros), seguida por la de Estados Unidos (176.374 euros) y por la de Austria (144.047 euros).
El Govern ideó un fondo para poder financiar a los afectados, que después fue rehusado. El TSJC no vio ningún hecho delictivo, como decía Vox. En concreto, el pasado
noviembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya rechazó investigar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, y a los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà por los avales del Institut Català de Finances (ICF) a los ex altos cargos del Govern encausados por el Tribunal de Cuentas. En un auto, la sala de lo civil y penal del TSJC, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, acordaba inadmitir a trámite las denuncias que presentaron Vox, Convivencia Cívica Catalana y Ciutadans contra Aragonès y sus consellers por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Tercer procedimiento
La causa de Exteriors es el tercer procedimiento que el Tribunal de Cuentas abre contra gobiernos catalanes. El primero fue por la consulta del 9-N del 2014, en el que se reclamaba al gobierno de Mas 5,2 millones de euros, que finalmente se aportaron con donaciones de ciudadanos a través de la Caixa de Solidaritat. El segundo procedimiento fue derivado por el Tribunal Supremo para que acotara la responsabilidad contable de la organización del 1-O, fijada en 4,2 millones de euros, impuesta después de la condena por sedición a miembros del Govern. Y en el tercer procedimiento, abierto en otoño del 2020, se reclaman 5,4 millones. La renovación del Tribunal de Cuentas no ha implicado que se frene el procedimiento contra el Govern.