El Tribunal de Cuentas ha dado un paso más y ha publicado un edicto que, a la práctica, supone el inicio formal del procedimiento que llevará a juicio Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs y Irene Rigau por el 9-N. En el edicto, que ya se ha notificado, se dan nueve días a las partes para presentar alegaciones.
Además, se especifica que el procedimiento se abre por "supuestas irregularidades contables" en relación con el pago realizado con fondos públicos destinados a la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014.
El tribunal da por cerrada la fase de instrucción, durante la que se ha obligado a depositar una fianza de 5,2 millones de euros a los investigados. A partir de ahora, el caso pasa a manos de la sección de enjuiciamiento y se hará cargo la responsable del departamento segundo, la exministra de Justicia del primer gobierno de Aznar Margarita Mariscal de Gante, que también fue la encargada de nombrar a un delegado instructor en esta causa.
Una vez resueltas las alegaciones, el Tribunal de Cuentas empezará con las audiencias previas y hará citaciones. Todas las vistas serán públicas
El Tribunal de Cuentas, pese al nombre, no es un órgano judicial sino político: fiscaliza la gestión contable de cualquier administración, organismo o empresa pública. También supervisa las cuentas de los partidos políticos. Es parte del Estado profundo, la red de altas instituciones -del Tribunal Constitucional al Consejo de Estado y hasta la Agencia de Protección de Datos, etc.-, con funciones supervisoras, asesoras o legales, cuyos miembros no son electos pero intervienen antes, durante o después en la acción del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial.
La composición de estos órganos se pacta en las Cortes entre los partidos, y la duración de los nombramientos suele rebasar, a veces por mucho, la del mandato de los políticos que los nombraron. Los consejeros del Tribunal de Cuentas son nombrados por nueve años, por ejemplo.