Confirmado. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha comunicado este martes que estima las medidas cautelares solicitadas por el exconseller Raül Romeva para que se devuelva a ERC un total de 2.136.164 euros que depositó en efectivo como garantía del caso de Exteriors, sobre el gasto en la  promoción de la independencia de Catalunya, ya que el tribunal, al final aceptó el aval del Institut Català de Finances (ICF) aportado por el Govern.

El representante del ministerio público, que inicialmente se oponía al aval de la Generalitat, aceptó la sustitución de garantías, y, por lo tanto, el retorno del dinero a ERC, puesto que la sala corrigió a la instructora sobre la aceptación del aval, mientras Sociedad Civil Catalana y Asociación Cívica Cultural se opusieron a este retorno. La resolución del TCu es firme porque no se puede presentar recurso, informa el tribunal.

Los 9 avales del ICF aceptados por el tribunal

En la resolución, el Departamento 2.º de Enjuiciamiento estima la sustitución de las medidas cautelares, ya que la sala de Justicia, el 8 de julio pasado, a pesar de tener un voto particular discrepante, aceptó por mayoría admitir los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), que articuló el conseller de Economía Jaume Giró, y aprobó el Govern, como garantía de las responsabilidades previas y provisionales en la fase intermedia, antes del juicio.

El departamento también expone que ha comprobado que con los 9 avales del ICF ofrecidos por los demandados afectados con el fin de sustituir el depósito de efectivo realizado por ERC, "se cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil para poder acceder a una sustitución de medidas cautelares". Es decir, con los 9 avales del ICF "se sigue garantizando la efectividad de una eventual sentencia que condenara y considerara responsables a los excargos del Govern demandados.

En concreto, se detalla que los avales cumplen los requisitos legales: son suficientes, tienen carácter solidario y duración indefinida y se pagan en el primer requerimiento. Se detalla que la cantidad pedía por el ministerio fiscal es de 1.390.452 euros, mientras que la de Sociedad Civil Catalana de 939.797 euros. Y, la cantidad máxima garantizada por la suma de los 9 avales: 1.400.766 euros. No todos los investigados por el TCu se acogieron a los avales, ya que algunos de los afectados tienen reclamaciones de pequeñas cantidades, que aportaron personalmente.

Hay 35 excargos demandados

El Tribunal de Cuentas resolvió unir la investigación sobre el Referéndum del 1-O, después de que el Tribunal Supremo le derivara la recuperación del dinero malversado, y la investigación sobre el gasto Exterior. Es decir, las dos causas se juzgarán de forma conjunta. La fiscalía rebajó las reclamaciones, que ahora se cifran en 3,4 millones de euros en concepto de responsabilidad contable, que inicialmente sumaba 9,5 millones de euros (5,4 millones la acción Exterior y 4,1 millones para el 1-O). Las personas investigadas son 35 personas, entre ellos los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el vicepresidente Oriol Junqueras, y la mayoría de responsables de las delegaciones en el extranjero.