Dispersión. El espionaje con el programa Pegasus al independentismo catalán se investigará por separado. El titular del juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que inició una investigación del espionaje al expresident del Parlament, Roger Torrent y al exdiputado Ernest Maragall, desde octubre del 2020 y que la ha archivado de forma provisional- ha rechazado de acumular la querella presentada por la CUP al asegurar que “no puede atribuirse a la misma persona” esta intromisión a la intimidad a través de sus móviles. Además, añade que la empresa NSO Group no está como investigada en la causa abierta por los líderes de ERC, mientras la CUP i Òmnium Cultural solicitan su imputación por vender y no controlar el uso de su programa Pegasus al Gobierno. "Hasta la fecha, no consta base fáctica o jurídica para su imputación", concluye el juez José Antonio Cruz sobre la empresa NSO.
Esto significa que la querella de la CUP se devolverá al juzgado de instrucción 22 de Barcelona. Òmnium, al ver esta respuesta y que su querella recayó en el juzgado de instrucción 21 de Barcelona, ha pedido este jueves a su titular que "impulse" la investigación, y que pida al juez de la Audiencia Nacional que investiga el espionaje al presidente del Gobierno que los incluya en la comisión rogatoria a Israel para interrogar como testigo un titular de la empresa NSO, como se ha informado esta semana.
ERC y la CUP, también
La querella de nuevos afectados de ERC seguirá al juzgado de instrucción 24 de Barcelona, y el abogado del partido republicano, Andreu Van den Eynde, también acaba de solicitar a la magistrada de este juzgado, Maria Antonia Coscollola, que inicie la investigación ante la negativa del magistrado del juzgado de instrucción 32 de investigar juntas las querellas de Pegasus. Van den Eynde ha pedido, además, a la magistrada que se "adhiera" a la comisión rogatoria a Israel de la Audiencia Nacional para interrogar un responsable de la empresa titular de Pegasus. "Hay una discriminación de carácter político que conduce a una situación de indefensión injustificable", han afirmado, en un comunicado, los dos querellantes de ERC, el presidente del grupo parlamentario de Esquerra, Josep Maria Jové y la eurodiputada Diana Riba, respecto a las dos velocidades en la investigación del espionaje con Pegasus: "ágil" en la Audiencia Nacional, con el espionaje en el gobierno español, y "paralizada" en Catalunya con los independentistas catalanes.
La querella de la ANC está pendiente, a pesar de que inicialmente está en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona. Así, por ahora son tres los juzgados de Barcelona que analizarán el espionaje político.
Discriminación
El abogado Benet Salellas, en nombre de los tres afectados de Òmnium y los tres de la CUP, ha presentado dos escritos a los juzgados 22 y 21 de Barcelona, en que reclama a los respectivos jueces que “dé impulso” a las querellas y que practiquen las diligencias de investigación que solicitó en su escrito. Y, además, que el juzgado pueda participar en la comisión rogatoria internacional a Israel acordada y donde viajará el titular del juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, y que se incorpore copia de la totalidad de las diligencias previas tramitadas en aquel juzgado al expediente tanto de Òmnium como de la CUP.
En el escrito, Salellas denuncia que “hay una importante diferencia entre la tutela judicial que se está dando a las víctimas tuteladas por la Audiencia Nacional y las que han denunciado los hechos en los juzgados de Barcelona”. Añade que habiendo transcurrido cuarenta días desde la presentación de las querellas todavía no han estado ni admitidas, y critica que en el caso de la querella de la CUP, el fiscal no informó hasta el 24 de mayo pasado, y pide que no se acumule a la causa del juzgado de instrucción 32, como ahora ha decidido el juez. Y lo mismo pasará ahora con la querella de Òmnium.
“No nos consta que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal establezca gradación entre las víctimas ni que la tutela por un ataque tan grave a la intimidad de unos ciudadanos reciba diferente protección en función del cargo que ostente la víctima en cuestión, por lo tanto, esta diferencia de trato se encuentra en este momento totalmente injustificado”, afirma el penalista.
Fiscalía
El fiscal de Delitos Informáticos, Roberto Valverde, ha expresado al juzgado de instrucción 32 de Barcelona que se opone a la acumulación de las querellas derivadas del Catalan Gate, puesto que, a pesar de que los querellantes han sido infectados con Pegasus, "no se puede aclarar que sea la misma persona o entidad". También precisa que en este juzgado no se investiga la empresa NSO, de la cual -añade- no se tendría jurisdicción porque tiene su sede fuera del Estado español. Y el último argumento es que el fiscal tampoco comparte los argumentos de los querellantes, que a raíz de las declaraciones del gobierno español se puede inferir que se asume la autoría del espionaje por parte del CNI o agencias gubernamentales, puesto que asegura que "no existe ningún elemento objetivo técnicamente que permita sostener ni siquiera indiciariamente la autoría de persona o entidad pública o privada alguna". Aun así, desde el CNI se admitió haber espiado dieciocho personas, entre ellas el president Aragonés, con el visto bueno del juez del Supremo.
Òmnium
Ante esta realidad, Òmnium Cultural ha denunciado la diferencia de rango que la justicia española está dando a las víctimas del espionaje con el software Pegasus. “Mientras la Audiencia Nacional ya ha iniciado una investigación por las causas de Pedro Sánchez y Margarita Robles, nuestra causa sigue encallada entre juzgados y sin ninguna respuesta”, ha afirmado Xavier Antich, presidente de Òmnium.