La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, se basa en la supuesta utilización de tres informaciones reservadas —expedientes disciplinarios internos— para presionar y dificultar la labor de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO). Según la providencia del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, estos tres expedientes se abrieron de manera coordinada y coinciden en el tiempo con el progreso de diversas investigaciones judiciales por corrupción que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno. Las actuaciones también recogen que Leire Díez habría aprovechado su relación personal con González para impulsar la apertura de estos procedimientos contra agentes de la UCO.
La investigación incorpora diversos indicios sobre el papel que habría tenido Díez en este proceso de presión interna. Entre el material intervenido por la UCO hay agendas manuscritas con anotaciones como "Investigación interna G.C. por filtraciones". Tanto la Fiscalía como la acusación unificada consideran que la sucesiva apertura de estos expedientes no perseguía finalidades disciplinarias legítimas, sino que respondía a un patrón de utilización desviada de la potestad disciplinaria con el objetivo de generar un "efecto descorazonamiento" y una "intimidación ambiental" sobre los agentes de la UCO que investigaban causas de corrupción relacionadas con el PSOE.
Expediente disciplinario del 4 de diciembre de 2024
El primero de los expedientes disciplinarios analizados por la Audiencia Nacional se abrió por orden del DAO. La investigación interna se inició después de que se publicara en prensa una captura de pantalla con una dirección de correo institucional de Begoña Gómez en el marco del caso Badajoz, en el que se investiga al hermano de Pedro Sánchez. Según las actuaciones, la Jefatura de la Policía Judicial comunicó formalmente al DAO el mismo día que la inclusión de esta imagen había sido accidental y se había producido durante el proceso técnico de volcado de información destinado al juzgado. A pesar de esta explicación, Llamas ordenó la apertura del expediente, que finalmente se cerró con una propuesta de amonestación verbal para el agente de la UCO responsable de la diligencia.
Expediente disciplinario del 12 de mayo de 2025
El segundo expediente se abrió después de que el diario El Mundo publicara mensajes privados de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Según la resolución judicial, la víspera de la apertura del expediente, el 11 de mayo, González mantuvo una conversación telefónica con Díez. Después de esta llamada, se borraron los mensajes previos de WhatsApp entre ambas y se activó la desaparición automática de las conversaciones cada 24 horas. Apenas dos horas después de esta interacción, el DAO convocó de urgencia al general de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES) para ordenar la apertura de un expediente por unas supuestas filtraciones atribuidas a la UCO. Las actuaciones, sin embargo, recogen que la misma UCO advirtió que era imposible que aquella filtración hubiera salido de sus investigadores, ya que en aquella fecha ni siquiera habían intervenido los dispositivos de Ábalos.
Finalmente, el expediente se archivó sin practicar ninguna diligencia después de las advertencias del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. "Esta sincronía temporal —contactos con la trama, borrado de comunicaciones e inmediata apertura del expediente interno contra la UCO— no admite, según esta acusación, una lectura diferente de la propia de un acto causalmente conexo con la actividad delictiva que se investiga", sostiene Pedraz en el texto.
Expediente disciplinario del 1 de septiembre de 2025
El tercer expediente disciplinario se abrió por orden de la directora general de la Guardia Civil a raíz de una información publicada por el diario El Mundo sobre presuntas injerencias del DAO en investigaciones que afectaban al Gobierno. Según las actuaciones, González acordó iniciar la investigación interna bajo la "presunción de veracidad de la información periodística" y dio por hecho que la filtración procedía de mandos de la UCO. En cambio, no ordenó ninguna indagación sobre la conducta del mismo DAO, "a pesar de que en el texto mencionado se hacía referencia a comportamientos del mismo que podrían integrar, también, de ser ciertos, graves infracciones", dice el juez Pedraz.
Durante la tramitación de este expediente, la Guardia Civil requirió a la UCO un organigrama nominativo con la identificación de los oficiales directamente vinculados a las investigaciones sobre Begoña Gómez, el hermano de Sánchez, el caso Koldo y Santos Cerdán. La documentación finalmente aportada incluía la estructura de la unidad y los números de identificación profesional (TIP) de los agentes. Igual que en los dos expedientes anteriores, la investigación interna acabó archivada sin imponer ninguna sanción.