El president del Parlament, Roger Torrent, exige a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el Gobierno "abra una investigación al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y depure las responsabilidades correspondientes". Torrent está convencido de que se puede identificar una implicación de este organismo en su espionaje que tilda de "grave suceso" ya que "todos los indicios apuntan contra este". Además, también pregunta a Robles que aplique aquellos criterios de los que siempre ha defendido liderar como és el compromiso por la transparencia. Por eso, propone que el CNI se someta a las preguntas del Citizen Lab con la finalidad "de desvanecer dudas".

Citizen Lab es un grupo de ciberseguridad de la Munk School, de la Universidad de Toronto, que se dedicó a estudiar el ataque del programa espía a Whatsapp. Este programa, según los expertos, tan sólo lo pueden comprar los gobiernos y las fuerzas y cuerpos de seguridad para combatir el crimen y el terrorismo. Desde Citizen Lab, se ha admitido que el teléfono de Torrent fue objetivo de Pegasus sin embargo "sería necesaria una investigación adicional para indicar que fue hackeado". Un caso que todavía continúa abierto.

 

Torrent define el espionaje al que ha sido sometido como una "agresión intolerable contra los principios del Estado de Derecho". Así pues, considera que se le ha vulnerado su derecho a la intimidad y el de todos aquellos con quienes se pudo comunicar durante el tiempo que fue espiado. Por otra parte, denuncia que se han saltado su derecho al secreto de las comunicaciones y poder desarrollar su proyecto político sin "intromisiones ilegítimas": Para acabar, el president del Parlament catalán señala directamente el Gobierno por "el uso de herramientas de espionaje de la empresa NSO Group" desde el año 2015. Esta empresa es la creadora del software de espionaje Pegasus con el que se habrían monotorizado todas las conversaciones que tuvo.

Torrent apunta en tres direcciones: el gobierno de entonces, el CNI pero también el actual ministerio de Defensa, donde se dirige por carta. Lamenta que desde el departamento que lidera Margarita Robles "se haya negado cualquier tipo de implicación en este caso". Un ministerio de donde cuelga el Centro Nacional de Inteligencia. De momento, la respuesta del gobierno Sánchez la encontramos en otro ministerio, el de Justicia. Su ministro, Juan Carlos Campo, ha asegurado este miércoles que si ha habido algún "transgresor" de la ley en el caso del espionaje al president del Parlament, Roger Torrent, se tendrá que investigar porque se trata de un hecho "grave".

 

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