El president de la Generalitat, Quim Torra, ha denunciado a través de un comunicado "presiones insostenibles e incompatibles con el ordenamiento jurídico y, especialmente, con el Código Penal contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y contra otros miembros de la Cámara para que hagan efectiva su inhabilitación como diputado después de que el Supremo haya avalado la decisión en este sentido de la Junta Electoral Central.
Cuando la JEC comunicó que se tenía que ejecutar la inhabilitación del president como diputado, el presidente del Parlament insistió en que Torra mantendría el escaño. No obstante, ahora ha sido el Supremo quien ha avalado la decisión de la JEC y la decisión final ha quedado de nuevo en manos de Torrent. También las presiones se han concentrado en el presidente de la Cámara y en la Mesa. De aquí el comunicado de Torra.
"Tenemos que recordar que aquel que, sin estar autorizado legítimamente, obligue a otro a realizar lo que no quiere, sea justo o injusto, estará incurriendo en un presunto delito de coacciones", ha denunciado el ejecutivo además de advertir que el Govern no renunciará a ejercer acciones legales.
El Govern recuerda a través de la nota que "el president cuenta con toda la legitimidad democrática para ejercer el cargo para el cual fue escogido" y atribuye a ignorancia e intentos de coacciones al Parlament la pretensión de atribuirle un delito de usurpación de funciones públicas.
El Govern insiste en que la condición de diputado sólo puede ser revocada, en caso de sentencia firme, por el propio Parlament y que la voluntad de la JEC, como órgano administrativo, de tomar esta decisión, es "una anomalía democrática que genera un conflicto institucional que excede el ámbito del propio Parlament".