El gobierno de los Estados Unidos ha alertado a España de las deficiencias que hay en la democracia española y ha advertido de la vulneración de algunos derechos humanos en el país. En un informe anual donde el gobierno norteamericano analiza el estado democrático de varios países, este año destaca, entre otras cuestiones, su preocupación con respecto a la existencia de presos políticos en Catalunya, que califican directamente de "detenciones arbitrarias".
El gobierno norteamericano se basa en el informe de la Organización de Naciones Unidas del 8 de marzo que denunciaba el encarcelamiento de los activistas y políticos catalanes por haber organizado un referéndum de autodeterminación. En este punto, se pide al Gobierno que "cumpla sus obligaciones legales de protección de los derechos humanos de las minorías, incluida la minoría catalana, especialmente con respecto a las libertades de expresión; reunión pacífica, asociación y la participación en la vida pública".
Especialmente, los EE.UU. denuncian las detenciones "arbitrarias y prolongadas" de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En este sentido, recuerdan el informe del 13 de mayo de Amnistía Internacional, en el que se criticaba la interpretación del Tribunal Supremo de la sedición como "excesivamente amplia" y se alertaba de la "criminalización de los actos de protesta".
Imagen: Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sobre el coche de la Guardia Civil en las protestas por el registro en el Departament de Economia / Sergi Alcázar
A pesar de eso, reconocen que ningún Estado ha calificado a los independentistas del 1-O abiertamente como "presos políticos".
Alerta del aumento de los discursos de odio contra los catalanes
Por otra parte, y también citando los estudios de la ONU, los EE.UU. han expresado su preocupación por otra cuestión: "El aumento de los discursos de odio contra los catalanes como grupo minoritario en medios sociales y otros a consecuencia de las protestas posteriores a la sentencia de octubre de 2019 de 12 políticos catalanes y activistas de la sociedad civil".
En esta línea, el informe denuncia que en España se informó que los políticos y otras personas de fuera de la región eran traidores que tenían que ser tratados severamente, a veces con un lenguaje violento".
La libertad de expresión y prensa
Dejando de lado la cuestión catalana, las conclusiones de los EE.UU. van más allá y también destacan, entre otras cuestiones, la falta de libertad en la prensa en algunas ocasiones y la criminalización de determinadas opiniones.
"Amnistía Internacional pidió al gobierno que derogara la criminalización de la glorificación del terrorismo, los insultos a la corona y los sentimientos religiosos ofensores, ya que restringían indebidamente la libertad de expresión", recuerdan.
El Departamento de Estado de los EE.UU. también recoge en su informe anual de derechos humanos las quejas de varias organizaciones defensoras de la libertad de prensa en España. Por ejemplo, explica que durante el año 2020 "hubo múltiples informes de ataques verbales de funcionarios del Gobierno, que verbalmente atacaron a algunos medios de comunicación y periodistas."
En este sentido, el informe recuerda que el 1 de marzo del año pasado Sánchez acusó a los medios "conservadores" de "agitar a la sociedad" siempre que pierden unas elecciones; y además recoge que ese mismo día el vicepresidente Pablo Iglesias dijo que los medios críticos con el Gobierno "habían ofendido la dignidad del periodismo". También en marzo, según el documento, Iglesias amenazó con enviar a un periodista a la prisión por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente con respecto a su financiación. Pero no sólo se han denunciado ataques contra la prensa por parte de Gobierno, Estados Unidos alerta de los "repetidos ataques contra los medios de comunicación por parte del partido Vox".
La corrupción, el problema español
La diplomacia norteamericana señala, por otra parte, que la corrupción "es un problema en el país", con casos que "cruzan las fronteras partidistas, regionales y municipales" y una acumulación "significativa", aunque "los tribunales han seguido procesando independientemente de la presión política".
El informe anual del Departamento de Estado examina el comportamiento de los gobiernos de todo el mundo con respecto a los derechos humanos, aunque no el de los EE.UU., donde grupos como Amnistía Internacional denunciaron un aumento de las violaciones de los derechos de minorías y migrantes bajo el Gobierno de Donald Trump (2017-2021).
Imagen principal: Los presos políticos en el Parlament, donde declaraban por la Comisión del 155 / Sergi Alcàzar