La Comisión Europea ha dado un toque de atención a España por la reforma que pretende aprobar el presidente español, Pedro Sánchez, para cambiar las reglas de la elección del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), que tiene actualmente la renovación bloqueada por desacuerdos entre socialistas y populares.

El portavoz de la Comisión, Christian Wigand, ha advertido en un comunicado que Europa seguirá "atentamente" esta reforma planteada por el PSOE y Podemos porque percibe un intento de politizar la administración de justicia, y ha pedido a Sánchez que "consulte los organismos pertinentes" antes de dar el paso definitivo.

Según la Comisión Europea, "es importante asegurar que el Consejo no se perciba como vulnerable a la politización", una frase que es toda una indirecta diplomática.

Christian Wigand CE

El portavoz de la Comisión Europea, Christian Wigand

El texto íntegro de la advertencia europea es el siguiente:

"La Comisión está al corriente del anuncio de este nuevo proyecto de ley. Seguimos de cerca su evolución. En el Informe sobre el estado de derecho de 2020, la Comisión subrayó la importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el poder judicial con el fin de fortalecer la independencia judicial. El capítulo del Informe sobre el Estado de Derecho 2020 en España mencionaba la situación del Consejo Judicial en España como un desafío. Es importante asegurarse de que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización. De manera más general, cuando los Estados miembros reforman el poder judicial, eso siempre se tiene que hacer en consulta con todas las partes interesadas pertinentes, incluida la Comisión de Venecia. Los Estados miembros tienen que seguir las normas de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida".

El toque de atención se ha producido cuando Sánchez está en Bruselas participando en la cumbre europea que tiene que valorar los presupuestos comunitarios. Uno de los puntos controvertidos es la relación que se quiere fijar entre el estado de derecho y los fondos europeos. Polonia recuerda la polémica por la renovación del poder judicial en España, para alegar que en la UE se aplica una doble vara de medir. Bruselas propone congelar o reducir los fondos europeos a países que violen el estado de derecho, y cita en este sentido Polonia y Hungría. Al mismo tiempo estos dos países amenazan con bloquear los presupuestos europeos, que necesitan el apoyo de todos los Parlamentos.

España, como si no tuviera bastantes problemas, ahora se ha metido en medio de esta discusión.