"En Barcelona, hazlo en catalán –o paga la multa–". Bajo este título, el rotativo británico The Economist carga en un artículo contra la política lingüística de la Generalitat y las sanciones que se imponen por no rotular o no tener toda la información corporativa en catalán. Definen la cuestión asegurando que "una Catalunya secesionista está tomando medidas contra las empresas que sólo comunican en castellano" y se basan en los casos de empresarios que han sido multados precisamente por eso.

El rotativo relaciona directamente el proceso soberanista con el incremento de estas multas, todo para "fortalecer" el catalán e implantarlo como lengua oficial única. Se basan en las declaraciones del presidente de la entidad antiindependentista Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, que ofrece asesoramiento legal en este ámbito.

Continuando con el vínculo al procés, el artículo asegura que las multas lingüísticas han crecido de la mano del auge del soberanismo en Catalunya en estos últimos años. De 57 empresarios que recibieron sanciones en el 2014, hasta casi un centenar en lo que llevamos de año.

También revela que los partidos antiindependentistas de la oposición ya trabajan para cambiar la ley, a pesar de los "obstáculos" que el gobierno de Puigdemont le está poniendo por el camino. "Como era de esperar", dice, la directora de la Agencia Catalana del Consumo, Montserrat Ribera, no está de acuerdo en cambiar la ley porque estas multas dan apoyo al "derecho fundamental" de los catalanes a ser servidos en su propia lengua.

The Economist expone que esta, que es la ley del consumidor "más notoria de Catalunya", implica multas de centenares hasta miles de euros para aquel que no tenga escrito, como mínimo en catalán, un cartel, menú o catálogo, entre otros documentos, y subraya que la cantidad de la sanción dependerá del tamaño de la empresa o bien de la cantidad de textos sin traducir. 

Centrándose en diferentes casos de empresarios, destaca con sarcasmo que, por ejemplo, a un empresario que debe 1.260 euros de multa, le cuesta unos 18.000 cambiar el cartel de tres metros al catalán, por lo tanto, quizás le sale más a cuenta pagar la multa que hacer un cambio en el escrito. Uno de ellos asegura que, desde que fue multado, no ha vuelto a hablar su lengua materna –el catalán–, exige que todos los documentos gubernamentales que recibe estén escritos en castellano y aprovecha para tildar al Govern de "talibanes".