La resolución aprobada ayer por la noche por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa incluye diferentes enmiendas que prosperaron durante el debate del texto, pero mantiene el espíritu del informe elaborado por el socialista letón Boriss Cilevics. El texto emplaza el Gobierno a adoptar diferentes recomendaciones, entre las cuales, la puesta en libertad de los presos independentistas, acabar con la persecución de los exiliados y detener los procesos judiciales abiertos contra funcionarios de rango inferior implicados en el referéndum del 1-O.

El texto definitivo en inglés y francés, bajo el epígrafe ¿Deberían ser perseguido los políticos por las declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?, ha sido ya colgado a la web del Consejo de Europa.

 

La resolución reconoce que ninguno de los responsables políticos independentistas llamaron a acciones violentas. "Al contrario", subraya. Además recuerda que el Código Penal eliminó el 2005 el delito de convocatoria de referéndum y que el delito de sedición tiene que incluir un levantamiento violento, lo cual obligó el Supremo a interpretar las manifestaciones masivas como "violencia sin violencia" y a hacer una lectura amplia del concepto "levantamiento tumultuoso". Todo ha provocado dudas, según admite.

Tribunal de Cuentas

Asimismo se hace eco de las decisiones adoptadas por jueces y fiscales en contra de conceder beneficios penitenciarios a los presos argumentando que no han renunciado a sus propuestas, y advierte que no se puede condicionar un indulto o un beneficio penitenciario a renegar de las propias convicciones.

Las recomendaciones del Consejo también hacen referencia al delito de malversación de fondos, por el cual fueron condenados los presos políticos y que ahora investiga el Tribunal de Cuentas, y reclama que cualquier disposición penal en este tema se fundamente en pérdidas reales cuantificadas en los presupuestos.

Exiliados y persecución judicial

Las enmiendas de los diputados españoles intentaron evitar, entre otros puntos, la petición explícita del Consejo de Europa instando a que la reforma que reclama del Código Penal para revisar el delito de sedición no comporte que se vuelva a incorporar la convocatoria de un referéndum ilegal como delito.

Los parlamentarios españoles tampoco consiguieron aprobar las enmiendas con que intentaban dejar fuera de las recomendaciones del Consejo la petición de acabar con la persecución de los exiliados y poner fin a los procesos contra los funcionarios de rango inferior.

El documento se aprobó después de un tenso debate y se ha convertido en el primer pronunciamiento explícito de una institución de ámbito europeo contra la sentencia del Supremo.

 

 

En la imagen principal, interior del edificio del Consejo de Europa / ML