Los abogados de la defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez están acabando los escritos de defensa que se presentarán hoy en el Tribunal Supremo. Con ellos presentarán también la petición de los testigos que quieren citar en el juicio y, según han confirmado a El Nacional fuentes de la defensa, incluyen el rey Felipe VI y Carles Puigdemont.
En caso de que el tribunal presidido por Manuel Marchena acepte las declaraciones, éstas podrán ser presenciales o por videoconferencia. Normalmente se realiza a distancia con autoridades y altos cargos, como sería el caso del Rey. Pero en el caso de Carles Puigdemont la circunstancias lo hacen diferente. Puigdemont está procesado por el mismo caso por el que ahora se le cita como testigo. Y en su momento se dictó la orden de detención internacional y la euroorden. Si Marchena acepta su declaración podría aceptarla por videoconferencia o bien obligarle a ir a declarar presencialmente en el Tribunal Supremo, lo que haría activar todas las alertas y la orden de detención a nivel nacional que sigue vigente y que impide que Puigdemont pueda entrar tanto en territorio catalán como español.
La petición para las declaraciones de los testigos se formalizará en las próximas horas. Se prevé que el abogado Jordi Pina envíe tanto los escritos de defensa como la lista de testigos al mediodía o primera hora de la tarde. Pina está acabando todavía los escritos y los presentará públicamente en el transcurso de una rueda de prensa a las 17 h.
Todos los acusados entrarán hoy los escritos por el registro electrónico del Tribunal Supremo, entre el mediodía y la tarde, menos Santi Vila, que muy probablemente lo hará entre esta noche y mañana por la mañana.
Ahora mismo solo se conoce el contenido de los alegatos de defensa de Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva. Los escritos que todavía no están acabados están cerrados a cal y canto y todavía no han llegado ni al Supremo ni a la prensa. El único que se ha hecho público íntegramente es el de Jordi Cuixart, que se presenta como una acusación al Estado español por la vulneración de derechos fundamentales y que se presentó ayer durante un acto en el Colegio de Abogados de Barcelona.