Último día en el juicio a Laura Borràs en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por el supuesto fraccionamiento de contratos mientras dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El momento de los informes finales y de la última palabra de la acusada ha propiciado un nuevo pique entre el abogado de la defensa, Gonzalo Boye, y el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. El letrado, con la mirada puesta en posibles diferencias entre los miembros del Tribunal, ha insistido en sus acusaciones contra la falta de imparcialidad de Barrientos y la vulneración de derechos de su defendida. Todo ello ante el expresident Quim Torra y una amplia representación de la cúpula de Junts, que, el último día de juicio, han vuelto a la sala y se han sumado al público habitual de estos días: la familia de Borràs, su equipo más próximo, el diputado Francesc de Dalmases, y cuatro estudiantes de Derecho en prácticas.
La sesión se ha abierto con el anuncio de la Fiscalía que confirmaba la petición de 6 años de prisión y 21 de inhabilitación para la presidenta de Junts, y rebajaba a dos y un año la petición de cárcel para los otros dos acusados, Isaías Herrero y Andreu Pujol, después de que hayan confesado los hechos e incriminado a Borràs. Con un alegato contundente, rápido y directo, que casi no interrumpía ni para coger aire, la fiscal Teresa Duerto ha reiterado las acusaciones contra Borràs, a la cual acusa de un delito de prevaricación en concurso con falsedad documental por haber adjudicado 18 contratos menores a Herrero, entre los años 2013 y 2017 y por un total de unos 335.000 euros.
La fiscal encuentra el cadáver
Duerto ha rechazado los reproches de la defensa de Borràs sobre la custodia de las pruebas o sobre la investigación prospectiva contra la presidenta del Parlament; ha descalificado los informes de los peritos de la defensa y ha vuelto a leer los mails y mensajes acusatorios. Pero, además, ha incorporado un nuevo dato sobre la desaparición de las páginas web construidas por Herrero que han motivado la causa y que la defensa ha atribuido en todo momento al registro de los Mossos. "El portal estaba en manos de un particular [Isaías Herrero] que dejó de pagar el servidor. Quizás la ILC tiene que pedir explicaciones, pero no a la Guardia Civil ni a los Mossos d'Esquadra", ha soltado.
Boye, sentado justo al lado de la fiscal Duerto, se ha girado hacia ella para observar la intervención. Y aquí ha saltado la primera chispa de la mañana con el presidente del tribunal. "Le rogaría que no se encare a la fiscal", ha reclamado el juez interrumpiendo el discurso de ésta. El abogado ha encajado con ironía la petición asegurando que desconocía que no se podía mirar a la fiscal y garantizando que miraría "adelante como en la mili". Pero se ha apuntado el reproche del juez.
Pasadas las 12 del mediodía, mientras la fiscal concluía las dos horas de informe, han entrado en la sala el secretario general de Junts, Jordi Turull, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y la expresidenta del consejo nacional del partido Anna Erra.
En el momento de su informe, Boye, que ha atribuido la causa contra Borràs a un "a por ella" judicial, ha cargado sin ambages contra Barrientos. Ha insistido en la falta de imparcialidad del tribunal, que ha ilustrado con diferentes reproches, entre los cuales el haberlo acusado minutos antes de encararse a la fiscal. "Yo no me he encarado a nadie. Me he girado para ver quién hablaba", ha replicado, denunciando la forma cómo se le ha llamado la atención y que fue decisión del tribunal sentarlo al lado de la fiscal, por lo cual pidió en su momento explicaciones. Con los ojos puestos en las posibles diferencias entre los miembros del jurado, el abogado no ha dejado de recordar su pretensión de recurrir a instancias europeas si el tribunal no opta por una absolución.
Marcianadas
Boye ha descrito como "marcianadas" y terraplanismo algunas de las conclusiones de la fiscal, pero se ha dedicado con especial atención a desmentir sus afirmaciones en el sentido de que fue responsabilidad de Herrero la desaparición del portal de la ILC. "No ha desaparecido por falta de pago, ha desaparecido porque alguien lo ha querido hacer desaparecer", ha exclamado Boye, que ha subrayado que la web desapareció coincidiendo con el registro de los Mossos y ha reprochado que la fiscal no ha preguntado a lo largo del juicio sobre esta versión que hoy ha puesto sobre la mesa ni a la Guardia Civil ni a los Mossos. El letrado ha acabado la intervención incorporando un acento político a su defensa y asegurando que han sido los únicos que han acudido a defender el estado de derecho, ante un grupo al cual "se le persigue para ser minoría nacional".
El momento de los piques entre Boye y Barrientos, sin embargo, ha sido con el turno de la última palabra que ha protagonizado Borràs, cuando ésta ha reiterado los argumentos de su defensa, entre los cuales cuestionar las razones de la desaparición de la página web. Barrientos la ha interrumpido para advertirle de que su abogado ya había expuesto los argumento de la defensa y que este no era el objetivo de la última palabra que se le concedía. Boye ha advertido que la acusada tiene derecho a su turno y que el TC fija que no se tiene que impedir si no es por falta de respeto. "Tiene derecho a hacer uso de este derecho, pero no es ilimitado. No es para un discurso", ha advertido el juez.
Borràs ha continuado su intervención, entre citas de Capmany, Rodorera y Martin Luther King, indiferente a la impaciencia del juez, que ha saltado de nuevo cuando ha empezado un alegato más político asegurando que seguirá trabajando por "la república catalana independiente sea cuál sea la sentencia" y que no se sumará a las "deserciones" de las filas independentistas. Barrientos ha vuelto a parar el discurso, ha advertido que se alejaba del objetivo de la intervención y que le quedaban tres minutos, ante las nuevas protestas de los abogados de la defensa, en el sentido de que no se puede limitar el derecho a la última palabra.
"El uso de la última palabra no está previsto para hacer manifestaciones como la que está haciendo", ha insistido Barrientos, ante las protestas de Elbal, que ha advertido que puede hablar si quiere dos días seguidos, y de Boye, que ha avisado que incorporará la protesta a "futuras fases procesales", en referencia a las palabras del juez del primer día de la vista.
La presidenta suspendida todavía ha tenido oportunidad de incorporar una alusión al grupo objetivamente identificable, al cual se refiere la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Carles Puigdemont. "Por eso estoy aquí", ha remachado.