El Tribunal Constitucional ha ordenado a la fiscalía que abra una investigación contra el president del Parlament Roger Torrent, el vicepresidente primero, Josep Costa, y el secretario primero de la Mesa, Eusebi Campdepadrós, por un posible delito de desobediencia para tramitar las propuestas de resolución sobre la autodeterminación y la reprobación de la monarquía. De esta manera abre la puerta para que se pueda actuar penalmente contra los tres.
El pleno del TC ha acordado por unanimidad deducir testimonio a la fiscalía para que si lo encuentra pertinente exija "la responsabilidad penal" que pueda corresponder a Torrent, Costa y Campdepadrós para incumplir una sentencia del Alto Tribunal que declaraba inconstitucionales y nulas resoluciones aprobadas por el Parlamento el 25 de julio y el 26 de septiembre en defensa de la autodeterminación y reprobando la monarquía.
Se da la circunstancia de que por estas actuaciones la fiscal general del Estado, María José Segarra, ya ordenó la apertura de una investigación el noviembre pasado. La actuación de la Fiscalía se produjo después de que el TC advirtiera en diversas ocasiones al presidente del Parlament .
Apoyo de Torra
Al hacerse pública la resolución del TC, el president de la Generalitat Quim Torra ha enviado un mensaje de apoyo a Torrent y a la Mesa del Parlament a través de Twitter. "Todo mi apoyo y fuerza. Siempre junto a la defensa irrenunciable de nuestros derechos fundamentales y del ejercicio del derecho de autodeterminación". En relación a la monarquía, Torra sostiene que "ya no es una institución de los catalanes".
Avui toca ser al costat del President del Parlament i de la Mesa. Tot el meu suport i força. Sempre al costat de la defensa irrenunciable dels nostres drets fonamentals i de l’exercici del dret d’autodeterminació. I esclar, la monarquia ja no és una institució dels catalans. https://t.co/vMyxCIO0Lt
— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) January 28, 2020
El pleno también ha declarado nulas partes de la resolución aprobada por la cámara y advierte a Torrent y al resto de miembros de la Mesa que el incumplimiento de sus resoluciones pueden comportar responsabilidades penales.