El PSOE acordó el pasado mes de mayo con Junts que Catalunya recuperara la gestión integral de los funcionarios de administración local con habilitación estatal, es decir, los secretarios, interventores y tesoreros municipales. También ERC pactó este tema con el PSC en el marco de la negociación del tercer suplemento de crédito que tuvo que aprobar el año pasado el Govern de Salvador Illa a raíz de la incapacidad para disponer de presupuestos. Se trata de una competencia que el gobierno de Mariano Rajoy recuperó para el Estado en 2013 con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y que el País Vasco ya ha restituido en el marco de sus competencias. Este jueves, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha comunicado que admite a trámite un recurso presentado por diputados del grupo parlamentario del PP en contra de esta cesión.
Los diputados del grupo popular que presentaron el recurso de inconstitucionalidad argumentaron que el precepto podía infringir el orden constitucional de distribución de competencias, los mecanismos de cesión de transferencia competencial y el principio de proscripción de la arbitrariedad de los poderes públicos; además consideran que la disposición podría ser contraria al derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos que contempla la Constitución; y que vulnera la urgente necesidad que justificaría el procedimiento por el cual se incorporó la cesión de la competencia a Catalunya. Esta medida se aprobó en diciembre de 2025 a través de una disposición final de un decreto de medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de las entidades locales y las comunidades autónomas.
Déficit grave de funcionarios
Catalunya sufre un déficit en secretarios, tresoreros e interventores municipales que ha provocado que un 60% de las plazas estén vacantes o en situación de interinidad. En concreto, según datos de junio del pasado año, cuando se acordó el traspaso, de los 1.583 puestos reservados a funcionarios de habilitación estatal en Catalunya, 666 estaban ocupados por un nombramiento accidental o interino, mientras que 178 puestos no estaban cubiertos con ningún tipo de nombramiento. Esto genera un grave perjuicio en el funcionamiento de los consistorios, dado que imposibilita convocatorias de plenos, causa retrasos en los trámites o, incluso, puede provocar problemas para pagar las nóminas del personal. Esta situación afecta especialmente a municipios de la demarcación de Lleida.
Precisamente, la comisión bilateral Generalitat-Estado que se celebró en enero de 2025 ya previó que Catalunya pudiera participar directamente en la gestión de la convocatoria pública de estos funcionarios. El Govern de la Generalitat realizó en junio una convocatoria para la provisión de 218 plazas de las 1.000 que se habían activado en el Estado. En una nota de prensa, el Govern comunicó que el curso selectivo se desarrollaría en la Escuela de Administración Pública, lo que debía permitir dotar de forma definitiva a un total de 218 plazas para los municipios catalanes antes de acabar el año para ayudar a "paliar de forma progresiva la actual falta de interventores, secretarios o tesoreros, puestos clave en la administración local".