La maquinaría judicial ha empezado a virar hacia un entramado de organización criminal y terrorismo que recuerda lo que se vivió hace unos años en el País Vasco.

A la kale borroka se la relacionaba directamente con la banda armada ETA y, por lo tanto, se les aplicaba la ley antiterrorista y los juzgaba la Audiencia Nacional. La lucha judicial contra el terrorismo derivó hacia la ilegalización de los partidos. Y todo empezó con detenciones por los actos violentos en la calle.

Como si fuera un espejo, a Tamara Carrasco, la miembro del CDR detenida el martes, se la arresta por terrorismo y rebelión. Y acaba en la Audiencia Nacional, donde hay otros imputados por el referéndum y la lucha independentista catalana como la cúpula de Interior, con el major Trapero al frente, a quien se le procesa por sedición y organización criminal.

¿Es el caso de Tamara Carrasco el primer paso para una serie de detenciones que irán encauzadas a religar todos los procesos y a clonar el modelo judicial que se aplicó en el País Vasco?

De momento ha sido un aviso. Tamara Carrasco está en libertad, bajo unas estrictas medidas cautelares, pero, según informaciones de la fiscalía y la Audiencia Nacional, por un delito de desórdenes públicos, no por terrorismo como difundió la Guardia Civil cuando empezó a hacer los registros. El secreto de sumario no permite saber más. De hecho, su abogado no sabe ni el delito por el cual se la acusa. "Me estoy enterando por los medios", dice a El Nacional Sergi Atienza, defensa de Carrasco.

Todo lo que sabe Atienza es lo que vivió durante la declaración en la Audiencia Nacional. "La fiscalía hizo una acusación muy contundente, porque los hechos que hay en la causa no revisten suficiente gravedad como para mantener la acusación", dice Atienza. "No se ha constatado ningún hecho ilícito penal", insiste.

La reforma del delito de terrorismo del 2015 choca con el Decreto 2017/541 y entra en una "indeterminación de las conductas punibles", observa Atienza.

Lo cierto es que a Tamara Carrasco la detienen supuestamente por terrorismo y el caso cuelga de la Audiencia Nacional justamente por el tipo de delito, pero no se le aplica la ley antiterrorista en su detención.

Atienza remarca que la policía la trató muy bien durante el registro, el traslado y las 24 horas que estuvo detenida. Que no la esposaron en ningún momento y que aunque se aplicó parte del protocolo, porque Carrasco estuvo escoltada en todo momento por ocho agentes armados, ni estuvo incomunicada ni le aplicaron los artículos que limitan su derecho a defensa y comunicación.

"Técnicamente, no sé por qué hechos le aplican" las medidas cautelares que finalmente dictó el juez, dice Sergi Atienza. Tamara Carrasco no puede salir de su pueblo si no pide permiso, no puede salir del territorio español y se tiene que presentar cada semana en el juzgado. "Está asustada. Se ve en una situación rocambolesca", dice su abogado.

Atienza quiere aplicar una estrategia técnica, no política. Por eso Tamara Carrasco no respondió durante su declaración al juez y al fiscal, sólo contestó a su abogado para acreditar el arraigo y eludir la prisión provisional que pedía firmemente la fiscalía.

Su abogado cree que el levantamiento de los peajes "no eran ni desórdenes", y en eso basará su defensa. Tiene previsto recurrir las medidas cautelares y trabajar para que el caso se archive.

Pero fuentes judiciales y el mismo criterio del CDR, que ayer emitió un comunicado, temen que el caso de Tamara Carrasco sea sólo un primer paso. Un primer paso, de entrada, para atemorizar a la población y después para mantener ahora un delito de terrorismo dentro del caso del referéndum y hacerlo ligar con las causas de sedición que hay en la Audiencia Nacional.

Quizás por eso el caso de Tamara Carrasco sea muy importante. Más de lo que parece. Los CDR están marcados como objetivo y van acotando el terreno.

Atienza dice que no sabe "por qué fueron a por ella", pero intuye que podría no ser la única.

Porque, de momento, es la primera y única detenida por la Audiencia Nacional, que aunque ahora no habla abiertamente de terrorismo, mantiene la causa a la que tendría que renunciar si sólo se acaba instruyendo el caso por desórdenes públicos, ya que estos juzgados no son competentes.

Carrasco es la única porque el otro chico que tenían que detener no ha aparecido y nadie sabe quién es. Ni ha trascendido su nombre ni la policía ha emitido una orden de detención con su fotografía. Nadie sabe nada de él y algunas fuentes apuntan a la posibilidad de que fuera un confidente.