Hasta siete recursos se habían presentado contra los indultos a los presos políticos. Pero todos ellos, también los del PP, Vox y Ciudadanos, han quedado en papel mojado. Este jueves, la sala tercera del Tribunal Supremo ha concluido las deliberaciones sobre las alegaciones que había formulado la Abogacía del Estado. Y le ha dado la razón. Todos los recursos han sido tumbados porque ninguno de los recurrentes estaba legitimado para presentarlos. De esta manera, los magistrados han desbaratado la estrategia judicial de la derecha y la extrema derecha para revocar la medida de gracia y, de facto, han dado vía libre a los indultos. La decisión llega siete meses después de su salida en libertad.
Concretamente, la sala de lo contencioso-administrativo ha decidido por mayoría estimar la falta de legitimación activa "en todos y cada uno de los recursos interpuestos". Se habían presentado siete: la asociación Convivencia Cívica Catalana; los dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra; Vox como partido; el PP como partido; los diputados y exdiputados del Parlament por el PP Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán; el exdelegado del Gobierno en Catalunya Enric Millo, y la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén.
El reconocimiento o no de la legitimidad era el primero de los pasos. Según la doctrina del Tribunal Supremo, los partidos políticos no están legitimados en este tipo de recursos. El problema era Vox, que también fue acusación popular en el juicio del 1-O. Pero, finalmente, tampoco ha sido estimado su recurso.
Al ser rechazada la legitimación de los recurrentes, el Tribunal Supremo ni siquiera tendrá que entrar en el fondo de la cuestión; es decir, no deberá pronunciarse sobre si los indultos fueron concedidos correctamente por el gobierno español o no. Hoy sólo se ha conocido la decisión. En los próximos días el Tribunal Supremo dará a conocer el contenido íntegro de los autos y, por tanto, sus argumentos.
Informe contrario del Supremo
En su momento, el Tribunal Supremo posicionó en contra de la concesión de los indultos. En su informe, que era preceptivo pero no vinculante, el tribunal sentenciador consideraba que no se había vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no había prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en que se basaban las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocaban el sentido del indulto porque dibujaban una responsabilidad penal colectiva y, además, pretendían que el Gobierno corrigiera la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
Incluso el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, llegó a hablar públicamente. "Un indulto, cuando no hay concordia, es difícil de aceptar", advertía Lesmes en las semanas previas a la concesión de la medida de gracia.