La inscripción en el censo electoral español de las personas que se hayan nacionalizado a partir de la conocida como ley de nietos, que generó muchísima polémica antes del verano, frenada. El Tribunal Supremo ha aceptado suspenderla tal como habían pedido como medida cautelar desde Vox e Iustitia Europa. Este lunes se celebró la vista pública y las dos formaciones aseguraban que las próximas elecciones al Congreso —todavía sin fecha, pero que se tienen que celebrar como tarde el verano de 2027— tendrían unos resultados "viciados" si no se paraban estas altas automáticas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. En cambio, tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía se oponían a la paralización. La suspensión será vigente hasta que las oficinas consulares acrediten que los nacionalizados cumplen con la condición de descendientes de españoles que sufrieron el exilio.
La ley de nietos es la disposición adicional octava de la ley de memoria democrática, según la cual se otorga la nacionalidad a los hijos y nietos de las personas que se tuvieron que exiliar durante la dictadura franquista. Es una ley que entró en vigor en 2022 y expiró a finales de octubre. Hasta el pasado 31 de marzo, unas 2,4 millones de personas han iniciado los trámites para conseguir la nacionalidad española. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, explicó en abril que las oficinas consulares de todo el mundo han recibido presencialmente 1,2 millones de expedientes y se han aprobado 545.000 expedientes. Ante estas cifras, en junio, Feijóo puso el grito en el cielo asegurando que la intención de Sánchez era "conseguir nuevos votantes", ya que, con todas las encuestas en contra "no le salen las cuentas"."