La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant podría ser juzgada por el Tribunal Supremo por haberse negado a responder a las preguntas de Vox durante el juicio al procés en el 2019. Así lo ha anunciado este lunes la misma cupaire en el programa Café de ideas. Tal como ha explicado, Reguant recibió hace unos cuantos días una "notificación del juzgado de instrucción de Madrid" por el caso por el cual ya fue investigada y multada, junto con el exdiputado cupaire Antonio Baños. Reguant ha reconocido que la continuación del caso "entraba dentro de las previsiones" por la "injerencia de Vox" en el juicio y la deriva de la justicia española hacia la extrema derecha. La diputada ha admitido que, si bien no cree que el Supremo la acabe inhabilitando, los últimos acontecimientos que involucran al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez han demostrado que sí "es una opción".

No contestar

Eulàlia Reguant permanece firme ante la persecución de la justicia española: "El primer paso es seguir defendiendo aquello que hicimos: no contestar a la extrema derecha en el juicio del Supremo". Esta es la síntesis hecha por la diputada ante la propuesta de la jueza de instrucción de Madrid, María Antonia de Torres en la segunda sala del Tribunal Supremo (la que preside Manuel Marchena) por el juicio al procés en 2019. Tanto ella como su compañero cupaire Antonio Baños se negaron a responder a las preguntas de Vox, que ejercía de acusación popular. En el juicio, Reguant rechazó contestar a los ultras, a quienes tildó de "machistas y xenófobos". Ya en el juicio, Reguant se vio venir las posibles represalias de sus acciones, pero decidió "asumir las consecuencias".

La diputada Eulàlia Reguant declara en el juicio al procés

Después de eso, el juez Marchena les imputó una multa de 2.500 euros. Posteriormente, se abrió una investigación en un juzgado de Madrid. En respuesta a eso, Reguant siguió defendiendo su derecho a negarse a responder las preguntas de Vox, un derecho que, según su opinión, recoge el artículo 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que comprende el hecho de que "ningún testigo podrá ser obligado a declarar sobre una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente". Según los cupaires, la decisión de no responder a Vox fue una objeción de conciencia por no querer "normalizar" la figura de Vox como defensores del pueblo.

Inhabilitación

Preguntada sobre hasta dónde cree que es capaz de llegar la justicia española, Reguant se ha mostrado segura de su derecho a no responder a la extrema derecha. La diputada ha manifestado que no cree que el Supremo llegue a inhabilitarla, pero ha admitido que "puede pasar exactamente lo mismo que le ha pasado ahora al diputado Alberto Rodríguez" si finalmente es condenada a una pena de prisión.

 

Foto principal: la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant / Sergi Alcàzar