Con el PSOE se tropezó con la negativa de Junts de aprobar la ley de amnistía para los represaliados del Procés independentista. El motivo: según los junteros, el actual redactado no incluye varias causas que se incluyen en el marco de las acusaciones de terrorismo y alta traición de la judicatura española. Aunque los dos partidos han rebajado la tensión durante las últimas horas y han mostrado su predisposición a seguir negociando con el retorno de la ley a la comisión de Justicia, solo un 7,2% de los votantes socialistas españoles dan apoyo a hacer más cesiones a Junts. Sobre todo después del primer garrotazo que sufrió el gobierno de Pedro Sánchez el pasado martes.
Convocar elecciones
Las cesiones del PSOE a Junts tiene consecuencias. O eso es lo que dice una encuesta de 'Sigma Dos' publicada por El Mundo, en la cual concluye que solo un 5,7% de los ciudadanos del Estado español dan luz verde a hacer más cesiones a Junts. De hecho, en este marco de desgaste socialista, un 56,5% de los ciudadanos del Estado apuestan por disolver las cortes y convocar elecciones. De hecho, un 26,3% de los votantes socialistas apuestan por esta vía, mientras que también lo ve bien un 16% de Sumar.
Asimismo, un 31,3% del total de encuestados apoya a continuar la legislatura. De hecho, es la opción preferida de los votantes socialistas (58,2%), mientras que los votantes de Yolanda Díaz apuestan por esta vía en un 65,4%.
En esta línea, el rechazo a la amnistía es del 62,3%, mientras que un 29,9% de los ciudadanos en el Estado español lo aprueba. De hecho, 4 de cada 10 votantes socialistas lo rechaza, mientras que 5 de cada 10 apoya a sacar adelante esta ley. Además, un 52,4% cree que tendría que ser delito penal el ataque verbal a las instituciones del Estado, como los insultos de políticos en los tribunales. Una cuestión que tiene que ver con las críticas de junteros y socialistas a los jueces españoles que imputan por terrorismo a varios independentistas.
Avalan el espionaje a políticos
En el marco de la investigación a líderes independentistas, un 74,4% de los ciudadanos del Estado español opina que el Estado tiene que tener la capacidad de investigar a líderes políticos por motivos de "seguridad". Por lo tanto, avalarían el espionaje con Pegasus al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, o la infección del teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el mismo software israelí. En este sentido, solo un 17,2% lo rechaza.
De hecho, llama la atención que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que es el encargado de ejecutar estos espionajes, es la institución mejor valorada del Estado español con un 5,2. Al mismo tiempo, el ejército, la policía española, la Guardia Civil y la Corona reciben una nota de un 5.