La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha recibido este viernes una denuncia del sindicato ultra Manos Limpias contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por un presunto delito de usurpación de funciones, en entender que con la ley de amnistía vulnera la separación de poderes porque invade competencias del poder judicial, según informa la agencia Europa Press.
El secretario general de la organización ultra, Miguel Bernad, asegura en el texto de la denuncia que también se acusa la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; el diputado del PSOE, Óscar Puente; el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán; y la eurodiputada socialista Irache García Pérez como colaboradores necesarios en el "delito".
El sindicato reclama en el Supremo la suspensión cautelar de la ley de amnistía -que hasta ahora ni siquiera ha sido registrada en el Congreso de los Diputados ante la falta de acuerdo entre el PSOE y Junts- y avisa de que la medida "no supone enviar en este caso competencias del ejecutivo" porque se está usurpando, "robando competencias del poder judicial".
El texto de la denuncia señala que el PSOE para poder formar gobierno después de las elecciones generales necesita el apoyo de ERC y Junts, y que el líder de esta última formación "el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont" impone una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación en Catalunya.
Denuncia una "campaña engañosa" del PSOE
Manos Limpias asegura que con estas condiciones, el PSOE inicia "una campaña engañosa" en medios para transmitir a la sociedad española la idea de que la amnistía "tiene cabida en la Constitución" y que "se tendría que ser generoso en nombre de la concordia". Para|Por el sindicato, esta justificación por|para la amnistía "supone un gran fraude de ley" porque se apela a "una falsa concordia de las instituciones". "Esta justificación es totalmente falsa y fraudulenta, ya que el acuerdo sobre la amnistía se basa en un intercambio o moneda de cambio, eso es los siete votos de Junts necesarios para la elección del denunciado como presidente del gobierno".
La denuncia también dice que la amnistía tendrá un conjunto de efectos, porque supone "la usurpación de atribuciones judiciales" y señala así que desautoriza y deja sin efecto la sentencia del Supremo sobre el Procés, las órdenes de busca y captura del magistrado Pablo Llarena sobre Puigdemont, el juicio contra los líderes independentistas que malversaron caudales públicos para el referéndum del 2017, y las causas abiertas a la Audiencia Nacional contra los CDR y Tsunami Democràtic.
Asimismo, la denuncia apunta que de forma colateral tiene dos consecuencias: una vulneración del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley y "una vulneración del principio de separación de poderes del artículo 117 CE que establece que la justicia corresponde únicamente a los jueces".