El Sindicat de Llogateres catalán aviva la acampada en plaça Catalunya por el derecho a la vivienda, que hasta ahora se había ido formando espontáneamente a imitación de la acampada en la Puerta del Sol de Madrid. El portavoz de la asociación, Enric Aragonès, ha hecho un llamamiento a sumarse a la protesta después de la cacerolada convocada para este jueves por la tarde en las plazas de todos los ayuntamientos. Aragonès ha afirmado que, más allá de los decretos impulsados por el Gobierno que se votarán este viernes en el Congreso, "hay que luchar por mucho más" contra un "negocio de la vivienda que provoca mucho sufrimiento y muertes". La acampada barcelonesa reúne ya a cerca de 300 personas en unas sesenta tiendas de campaña. El Govern ha descartado por ahora levantar la protesta por la fuerza.
Aragonès ha hecho estas declaraciones mientras participaba en la concentración convocada por el Sindicat de Llogateres este jueves para intentar detener un desahucio. Se trata del segundo intento de echar de casa a Macarena, que finalmente se ha suspendido. El equipo legal del Sindicat había planteado un incidente de suspensión del desahucio a raíz de la aprobación por parte del Gobierno de los dos decretos de vivienda. Han defendido que uno de estos amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección ante determinados desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de una alternativa residencial y, por lo tanto, la mujer cumple estos requisitos. Aragonès ha explicado que por ahora el decreto "está en vigor" y, en consecuencia, este caso debía quedar amparado.
El portavoz del Sindicat de Llogateres ha defendido que los decretos que se tienen que votar este viernes en el Congreso pueden "en algunos casos" ahorrar sufrimiento y ha avisado a los partidos que tengan intención de tumbarlos "tengan sobre su conciencia las muertes que se están produciendo". En este sentido, hace referencia a Olga, la mujer con dos hijas que se suicidó hace unos días en l'Hospitalet de Llobregat después de su desahucio. También al hombre de sesenta años que se ha suicidado este miércoles en la misma localidad cuando iba a ser expulsado de una tienda en la que también dormía.
El número de personas que acampan en la plaza Catalunya de Barcelona ha aumentado en las últimas horas y ya son casi tres centenares los activistas que participan en esta acción, en unas sesenta tiendas. La mayoría de los cuales son jóvenes organizados en asambleas, en unas imágenes que remiten al 15M. El martes empezaron siendo una veintena de tiendas, que se reunieron sin convocatoria del Sindicat de Llogateres a imitación de la acampada que ha organizado el Sindicato de Inquilinos madrileño en la Puerta del Sol. Los activistas prevén mantener la acampada, como mínimo, hasta mañana viernes, cuando se voten los dos decretos de vivienda.
Este jueves, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha descartado que los Mossos d’Esquadra intervengan para desalojar la acampada en plaza Catalunya. Parlon ha asegurado que el Govern respeta la movilización y que no se plantea enviar la Brigada Móvil (Brimo) para desmontar las tiendas instaladas en el centro de la capital catalana. "No levantaremos la acampada, no se entendería", ha afirmado en una entrevista en RAC1. "Es una protesta que nace de una problemática que golpea al conjunto de la sociedad. Somos respetuosos con la protesta. Se debe respetar siempre que este derecho sea respetuoso con otros derechos", ha resuelto la titular de Interior, que no quiere repetir las imágenes del 15-M.
El segundo decreto llega al BOE
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el segundo de los dos decretos de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó el martes después de intensas negociaciones a ambos lados, dado que necesitan el apoyo de Podemos y a la vez de Junts y el PNV. El documento, de ocho páginas, contiene la "prórroga automática" de los contratos de alquiler una vez venza el contrato si el propietario no ha avisado de lo contrario con medio año de antelación. En el decreto también se indica que, cuando el propietario comunique "válidamente" la voluntad de no mantener el contrato, estará obligado a indemnizar al inquilino con una cantidad equivalente a doce mensualidades de renta de una vivienda similar. El texto de este segundo decreto se debatirá, junto con el publicado ayer, en un pleno del Congreso, sin que el gobierno de Pedro Sánchez tenga asegurados los apoyos.