Olga, una mujer de 54 años de l'Hospitalet de Llobregat, se ha suicidado cuatro meses después de haber sido desahuciada de su piso. Los hechos ocurrieron el pasado lunes 7 de septiembre, según han denunciado entidades sociales y vecinos de la ciudad. El Sindicat d'Habitatge y la Associació de Veïns del barrio de Santa Eulàlia han denunciado que la mujer, que tenía problemas de salud mental, sufrió "el abandono institucional" y sostienen que se produjo una "cadena de omisiones" antes de su muerte que hay que investigar para depurar responsabilidades. La mujer tenía dos hijas, una de las cuales todavía es menor de edad.
La noche antes del desahucio, que estaba previsto para el día 15 de abril, Olga amenazó con quitarse la vida, hecho que provocó que se activara el Plan de Prevención del Suicidio y fuera trasladada de urgencia al Hospital de Bellvitge. Horas después de ser trasladada a la unidad de urgencias psiquiátricas, Olga recibió el alta. Su abogado pidió entonces que se suspendiera el desahucio por la situación de salud de la mujer, pero el juez decidió mantener el lanzamiento. Según Cristian Jiménez, portavoz de la Associació de Veïns i Veïnes Som Santa Eulàlia, el magistrado abrió un expediente al letrado porque el juzgado consideró que "la petición de suspensión del desahucio por la situación de salud de la mujer no estaba lo bastante acreditada". El desahucio se ejecutó finalmente el 15 de abril.
Del alquiler social al proceso de desahucio
Olga había comprado hacía unos veinte años un piso en la calle Comerç, en el barrio de Santa Eulàlia, con una hipoteca de Banc Sabadell. Según Jiménez, después de separarse, quedarse sin trabajo y no recibir la manutención de sus hijas, dejó de poder asumir los pagos. La mujer llegó a un acuerdo con el banco para que la entidad se quedara la vivienda y ella continuara viviendo con un alquiler social. La situación, sin embargo, cambió cuando el piso fue vendido a Promontoria Coliseum Real Estate y se inició el proceso de desahucio. Un primer lanzamiento se pudo detener con el apoyo del Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet, pero el procedimiento se reanudó después de que el Congreso tumbara el decreto de moratoria de los desahucios con los votos del PP, Vox y Junts.
Durante este proceso, Olga buscó vías para intentar evitar la pérdida de la vivienda y contactó con medios de comunicación, la Sindicatura de Greuges y partidos políticos. También asistió a una comisión de estudio sobre salud mental en el Parlament. Jiménez ha denunciado que los problemas de salud mental vinculados a los procesos de desahucio "¡no están lo suficientemente estudiados ni lo suficientemente atendidos!" y ha criticado la situación de los servicios sociales de l'Hospitalet, que, según sostiene, están desbordados y no disponen de recursos suficientes para dar respuesta a todas las personas que necesitan atención.
Reclaman investigar las actuaciones previas a la muerte
Las entidades de vivienda y vecinales exigen ahora que se investigue la actuación de las administraciones y la "cadena de actuaciones y omisiones" que, según denuncian, precedió la muerte de Olga. También reclaman explicaciones públicas, que se depuren responsabilidades y que se revisen los protocolos de los juzgados y de la sanidad pública ante situaciones de deterioro grave de la salud mental o riesgo de suicidio. Pau Segura, portavoz de Habitatge L'Hospitalet, ha afirmado que "no aceptamos que el caso de Olga se presente como una desgracia inevitable y sin responsables". El Sindicat d'Habitatge y la Associació de Veïns de Santa Eulàlia han convocado una protesta el próximo 3 de octubre, a las 19 horas, en la plaza Pío XII de l'Hospitalet.