El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio para investigar si el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona está en condiciones de reabrir de forma inminente, como ha anunciado el Gobierno central que hará, y comprobar si se han revertido las faltas que llevaron a cerrarlo por reformas, bajo orden judicial. Ribó ha pedido al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que compruebe la situación de las instalaciones, para ser la autoridad judicial de vigilancia y ha explicado que hasta ahora ha trabajado con "gran colaboración" con este tribunal, pero ha sido nula la respuesta de la Delegación del Gobierno en Catalunya, a la cual también ha pedido vigilancia.

Ha dicho que los derechos legales y sanitarios eran seriamente deficitarios hasta ahora en este centro. Ha asegurado que llamarlo CIE es un eufemismo, porque son "auténticas prisiones", a veces con condiciones incluso peores, ha sostenido, y donde se interna a personas que solamente han cometido el error de no tener los papeles en regla, una falta administrativa a la cual se da un tratamiento penal, ha añadido.

Ribó se ha dirigido al Institut Català de la Salut (ICS) para conocer el modelo de asistencia médica y farmacológica que tendrá el centro al reabrir y cuántos facultativos están previstos en jornadas ordinarias y de guardia, después de las quejas recibidas por la atención sanitaria en los últimos años. En esta misma línea de derechos, también se ha referido a la necesidad de que los internos tengan derecho a la asistencia jurídica y de traductores, por lo que se han tomado medidas para garantizarlas desde la Generalitat, con la colaboración del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) y con un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad.

El Síndic ha requerido al Ayuntamiento de Barcelona información sobre qué tipo de licencias de actividades y urbanística tienen las instalaciones, así como la situación de la tramitación del expediente de licencia de obras, para saber si el centro cumple todas las legislaciones, y ha asegurado que dará a conocer las respuesta de las instituciones lo antes posible. Ha criticado que en estos centros se interna a personas con faltas administrativas al lado de otras que han cometido delitos penales, y ha indicado que no tienen razón de ser porque ya existen las prisiones para los casos penales que requieran internamiento, y que para faltas administrativas pueden imponerse medidas como la obligación de personarse en comisaría.