El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha presentado este jueves el informe Salud y derechos en la crisis de la Covid-19. Este informe tiene por objeto ofrecer una visión global de la crisis de la Covid-19 desde la perspectiva de los derechos, y detalla las conclusiones y las recomendaciones sectoriales específicas de cada ámbito de la actividad administrativa y social afectada por la crisis de la pandemia.
El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la situación con relación a la Covid-19 suponía una emergencia de salud pública de importancia internacional. El mes de marzo, la organización la consideraba pandemia, vistas la velocidad y la escala de la transmisión, y alertaba que el impacto de esta enfermedad podría ser más alto en ciertos grupos de la población.
"La situación derivada de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia ha supuesto una sacudida extraordinaria para todo el sistema sanitario, y ha exigido un esfuerzo descomunal de todos los profesionales y también de las organizaciones por paliar los efectos. Sin embargo, las consecuencias sociales y económicas han sido igualmente inmensas, con millones de pérdidas de puestos de trabajo y una caída del producto interior bruto en el primer trimestre del año sin precedentes", indica el informe.
En este contexto, el Síndic ha abierto más de 40 actuaciones de oficio vinculadas a la crisis provocada por la pandemia y ha canalizado más de un millar de quejas y consultas. Por este motivo, la institución ha elaborado este informe, con el fin de ofrecer una visión global de la crisis de la Covid-19 desde la perspectiva de los derechos y de la actuación del Síndic de Greuges de Catalunya.
El Síndic ha entregado este informe al Parlament de Catalunya y, de acuerdo con la Ley del Síndic, tiene que ser objeto de debate en la comisión del Síndic de Greuges. También se lo ha entregado al presidente de la Generalitat, con quien ha podido comentar los detalles en el marco de una reunión este mismo jueves.
Salud
En primer lugar, el análisis del Síndic se centra en el núcleo duro de afectación de la pandemia, el sistema sanitario de Catalunya y el resto de España, con más de 237.906 personas infectadas, de las cuales 27.119 han muerto (datos del 28 de mayo). "El esfuerzo hecho por los profesionales de salud ha sido inmenso, los cuales han ido construyendo una respuesta creciente con el uso y la readaptación de los medios y las instalaciones posibles, con cooperación entre el ámbito público, concertado y privado", subraya el texto.
El Síndic asegura que hace falta disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la crisis y garantizar el descanso al personal del ámbito sanitario que ha estado en la primera línea durante la pandemia. Por otra parte, añade, es necesario un fortalecimiento presupuestario del ámbito de la salud y el bienestar, incluyendo una inversión en infraestructuras, políticas de recursos humanos, programas de renovación de maquinaria, potenciación de la investigación y la prevención, y trabajar en problemáticas como la atención primaria o la atención social y sanitaria, entre otras.
Servicios residenciales
Con respecto a las residencias para personas mayores o con discapacidad, todavía hace falta que se proporcione con transparencia toda la información necesaria para conocer como se ha gestionado la crisis de la Covid-19, alerta el informe. Asimismo, insta a revisar con urgencia el modelo residencial actual y su capacidad de afrontar la pandemia con las medidas de precaución y prevención indispensables, potenciando recursos alternativos al residencial que permitan que el sistema de atención social esté más descentralizado y dispersado en recursos con menos número de usuarios.
Niños y educación
El Síndic ha reclamado desde los primeros días de confinamiento que se tuvieran en cuenta los derechos de los niños y sus intereses en la gestión de la crisis y en las decisiones de política pública. Su desconfinamiento ha sido una medida adecuada, considera, pero hay que seguir actuando en ámbitos como la salud —incluída la mental— y el bienestar social y económico.
Con respecto al ámbito educativo, propone poner el acento en la atención del alumnado con necesidades específicas, los que hayan sufrido los efectos de la brecha digital, la falta de acompañamiento educativo y la falta de relación con los compañeros, lo cual comporta un riesgo a largo plazo en su trayectoria educativa. En consecuencia, pide elaborar una planificación específica para la reanudación del curso escolar 2020-2021 para compensar los efectos del confinamiento en este ámbito.
Territorio, medio ambiente y lucha contra el cambio climático
La mejora de la calidad del aire o la drástica caída en el nivel de ruidos en las ciudades, consecuencias directas del confinamiento de la población y de la ralentización de la actividad económica, son dos efectos positivos que ha tenido la pandemia, según el informe.
Sin embargo, el Síndic cree que continuamos inmersos en una crisis climática a la cual todas las administraciones tienen que hacer frente de manera decidida y prioritaria. Por lo tanto, asegura que es necesario reforzar y profundizar en las políticas territoriales y ambientales iniciadas antes de la pandemia, como crear infraestructuras dirigidas al equilibrio ambiental, potenciar el transporte colectivo, rebajar el gasto energético y replantear el modelo turístico, entre otros.
Economía al servicio de las personas
Ribó expone que la crisis económica está teniendo efectos especialmente graves sobre las personas con menos recursos, particularmente sobre las personas que han perdido el trabajo durante este periodo, y también en la gestión de la renta garantizada de ciudadanía.
En consecuencia, pide urgentemente un plan social de choque con implicación y coordinación de todas las administraciones y que dé apoyo a las entidades del tercer sector.
Asimismo, pone de relieve la importancia de gestionar de manera más ágil la renta garantizada y dotar de recursos a las personas emprendedoras que ahora reanudan su actividad económica.
Derechos, libertades y autogobierno
Finalmente, concluye que la declaración del estado de alarma "teóricamente no ha supuesto la suspensión de derechos y libertades, pero sí que ha permitido limitarlos severamente, en particular las libertades vinculadas a la circulación, reunión y manifestación, aparte de los riesgos que algunas medidas para luchar contra la pandemia podrían suponer sobre el derecho a la protección de datos".
"En consecuencia, estas limitaciones pueden provocar un riesgo de limitar o restringir derechos y libertades de manera permanente, y hay que alertar del riesgo de regresión democrática que pueden generar las situaciones excepcionales", expone Ribó.
El Síndic afirma que la gestión de la pandemia también ha comportado una centralización de decisiones que no se adecua con la naturaleza descentralizada del Estado. Por este motivo, a corto plazo cree que hace falta impulsar la transparencia informativa, un principio real y efectivo de coordinación entre administraciones y una recuperación plena de las competencias estatutarias, promoviendo la actuación administrativa desde la proximidad y, asimismo, poniendo en marcha las medidas previstas en el Plan de derechos humanos de Catalunya, presentado al Govern y al Parlament de Catalunya el 10 de diciembre de 2019.
Los bloques de medidas planteados dentro de este informe requieren un amplio consenso político y parlamentario, tanto en las Cortes Generales como en el Parlament de Catalunya. Por este motivo, el Síndic hace un llamamiento a un gran pacto, tanto a escala española como catalana, por parte de todas las fuerzas políticas democráticas y que abra al máximo la participación social.