La virtualidad de la política española sólo se aplica al funcionamiento de sus instituciones, no al cobro del salario. Los ciudadanos llevan en la actualidad casi 10 meses apadrinando a 350 diputados y 266 senadores que cobran de media 4.000 euros en el mes. Por una parte, los grupos parlamentarios siguen acudiendo al Congreso a hacer declaraciones a los medios y a presentar propuestas, pero por otra, puede ser trabajo en vano, si no se puede formar gobierno y se disuelven las Cortes, de nuevo. Y eso ha levantado los recelos de ciudadanos indignados con el sueldo de sus representantes.

Durante la XI legislatura fallida la cámara no paró el funcionamiento: los grupos presentaron propuestas de comparecencia, se registraron 38 proposiciones de ley y 946 no de ley. Incluso se aprobó poner en marcha la paralización de la LOMCE, la opera prima del exministro de Educación del Partido Popular José Ignacio Wert. Igual sucedió con la famosa ley 25 de emergencia social, que salió adelante con la votación de la cámara. Así las cosas, éstas no siguieron su curso porque no había gobierno, como indica la práctica legislativa ordinaria en el ordenamiento jurídico.

El Congreso siguió actuando de forma virtual, como el escenario de un plató que sirvió para reivindicar el cumplimiento de compromisos políticos del programa electoral. También hizo la función de que algunos diputados, esencialmente nuevos, empezaran a engrosar sus conocimientos de la vida parlamentaria: en una de las votaciones, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, preguntó si se podía repetir porque diputados de su formación se equivocaron apretando el mando. Asimismo, la 'nueva política' se introdujo en el arte de la negociación política, como la Mesa de la cámara.

España está al borde de que no haya una nueva investidura, incurriendo otra vez en un Congreso virtual que trabajará sin saber si su actividad seguirá el curso legislativo, a pesar de que el calendario de plenos se espera que se inicie el martes 27 de septiembre. Esta cuestión ha disparado los recelos de unos usuarios de la plataforma Change.org, propuesta que ya ha tenido resonancia en otra plataforma francesa. La idea ya ha sumado más de 140.000 firmas, muestra de la desafección ciudadana y de los costes que comportaría una nueva convocatoria electoral.

"Sin gobierno, sin nómina" se llama la iniciativa que busca suspender de sueldo a los parlamentarios hasta que no haya nuevo ejecutivo. "Exigimos que hasta que haya acuerdo de gobierno sus señorías dejen de cobrar el salario que nosotros les estamos pagando para hacer un trabajo que no están haciendo. Es el más justo y el más responsable. Son aproximadamente 30 millones de euros sin contar extras, dietas por viajes y otros gastos superfluos para un país sin Gobierno" explica la propuesta. A todo ello, hay que recordar que el Estado español tiene más del 20% de tasa de paro.

El sueldo de los políticos es una polémica habitual. Además de los 4.000 euros de media de un diputado, la prima se incrementa en función del número de comisiones y cargos que preside el parlamentario. Asimismo, los indignados de la plataforma denuncian que en seis meses de interinato, se gastaran hasta 600.000 euros en gastos de viajes. El 20 de diciembre hará un año que está en funciones, tiempo en que un diputado ingresaría 60.000 euros brutos en la cuenta corriente. Además, disponen de teléfonos inteligentes, el ordenador en el escaño y el despacho y una línea ADSL en el domicilio.

Paralelamente, el gobierno en funciones hace lo imposible por la falta de presupuestos y pide informes jurídicos para amortiguar la interinidad de un ejecutivo sin margen de maniobra. La Moncloa pronto tendrá que buscar las vías para poder actualizar las pensiones y los sueldos de los funcionarios del Estado. Quizás la solución para el Congreso virtual sería que el sueldo también lo fuera, a través de la moneda -criptodivisa- llamada Bitcoin.