La ofensiva españolista contra la escuela catalana sigue inalterable. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha impuesto hoy también un 25% de castellano en el instituto Ramon Barbat i Miracle de Vila-seca (Tarragonès).

Con ésta ya son tres escuelas afectadas en las últimas semanas, junto con las de Canet de Mar (Maresme) y Cubelles (Garraf).

Según informa El Mundo, la sentencia considera que se tiene que impartir castellano en "una proporción razonable", y se insta al Departament d'Educació a que sea en un 25%, para lo cual el centro tendrá que adecuar el proyecto lingüístico a esta disposición.

La sentencia indica que en 2020 el instituto aprobó un proyecto donde no se contemplaba "ninguna previsión para la lengua castellana con respecto a lengua vehicular y de aprendizaje, sin establecimiento de porcentaje". El tribunal remarca que el catalán era la lengua de uso habitual en el centro y aunque se utiliza el alemán y el inglés, "no hay una previsión de utilización del castellano".

Unos padres, asesorados por el grupo denominado Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), presentaron un recurso y el TSJC les ha dado la razón. Ahora el grupo ha pedido una reunión con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, para presentar sus peticiones.

Malestar en Canet

Estos recursos están provocando malestar en el resto de familias de las escuelas, que quieren seguir con la inmersión en catalán. La asociación de familias de la escuela Turó del Drac, de Canet de Mar, ha expuesto que se sienten "utilizadas, difamadas y tristes" porque se está generando un "relato falso" que, según las familias, "no se corresponde con el ambiente cohesionado" que se respira en el centro.

En un comunicado las familias de los alumnos de la escuela de Canet piden a los medios de comunicación que no contribuyan a difundir un relato falso que "amenaza con romper el clima de buena convivencia que siempre ha habido" en la escuela. También defienden que las supuestas amenazas contra la familia que ha pedido que se cumpla la sentencia del 25% de castellano en las aulas son falsas. Afirman rotundamente que "no existe ningún movimiento de acoso, aislamiento y ataque a ningún niño o familia".

Su posición es clara con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo del 25%: "No podemos ser equidistantes". Las familias argumentan que la sentencia "pone en peligro" el proyecto educativo y lingüístico acordado democráticamente y "menosprecia" los órganos de participación del centro educativo.

En este sentido, exponen que ninguna familia ha hecho llegar nunca ni a la asociación de familias ni al consejo escolar la necesidad de revisar el proyecto lingüístico aprobado por la comunidad educativa del centro. Y por eso, lamentan que este debate "no se haya llevado a cabo mediante los canales disponibles y que se haya impuesto por el poder judicial".