El gobierno español prepara una reforma exprés del delito de sedición, un señuelo al independentismo puesto que conllevaría una rebaja automática de penas para los presos políticos.

Esta maniobra, según avanza hoy La Vanguardia, tendría el resultado de mejorar las relaciones con ERC en plena negociación de los presupuestos y, a la vez, desarticular un eventual discurso del independentismo, especialmente desde Junts, centrado en la denuncia de la represión en el marco de la campña electoral de las futuras elecciones al Parlament de Catalunya.

Esta doble necesidad del PSOE -y también del PSC- de sacar adelante los presupuestos estatales y de sacar algo de ventaja en las elecciones catalanas -contando que no se celebrarían hasta principios del 2021- es lo que ha posibilitado que en este momento el ejecutivo de Pedro Sánchez haya sacado del cajón el proyecto de reformar el Código Penal por la vía rápida, algo que ya se apuntó al principio de la legislatura y que luego quedó aparcada.

Rebajar las condenas

Aunque el motivo oficial de la reforma sería revisar el artículo de sedición porque es “un artículo que no se toca desde hace 200 años” según declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, del pasado febrero, el efecto claro sería acortar las condenas de los presos del procés.

Según el medio citado, aunque ya se previó esa posibilidad hace unos meses, la reforma se enfrió una vez la cúpula independentista encarcelada pasó a disfrutar del artículo 100.2 y el tercer grado, con lo que vivian en un régimen de semilibertad. Ahora, una vez los presos políticos han visto como se les denegaba el disfrute del tercer grado, vuelve a tomar fuerza la reforma del Código Penal.

Reforma exprés

La vía elegida sería la reforma penal, que permite ser aprobada por la vía rápida, sin pasar por la comisión de Justicia. Esta posibilidad, que cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, situaría el rango más bajo de condena en los tres años, muy por debajo de los ocho actuales, ateniendo a la propuesta hecha en ese sentido por el diputado de los comunes Jaume Asens.

Una vez aprobada la reforma, esta sería de aplicación retroactiva, dado que favorece a los que han sido condenados por ese delito, lo que implicaría una reducción automática de la pena de los presos políticos. Además, en el supuesto que los exiliados fueran extraditados para ser juzgados, también se podrían beneficiar de la reforma.