La sentencia del Tribunal de Estrasburgo dando la razón al expresidente del Parlamento vasco, Juan Maria Atutxa, ante la condena e inhabilitación a que lo sentenció la justicia española ha cargado de razones al Govern en su pulso judicial con el Estado. Este ha sido uno de los argumentos que ha utilizado a la consellera de Presidència, Neus Munté, al comparecer en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu donde ha tenido que responder preguntas sobre la petición de la Fiscalía de incluir el anuncio de fecha y pregunta del referéndum en la querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs.

La decisión del Tribunal europeo de Derechos Humanos ha sido acogida esta mañana con satisfacción en la sede del ejecutivo y se ha conocido poco antes de que trascendiera la decisión de la Fiscalía de incorporar a la querella de Borràs tanto el anuncio de fecha y pregunta, como los nuevos pasos que se ha dado en el procedimiento de licitación para la adquisición de urnas, así como el acto multitudinario convocado el domingo en Barcelona por las entidades soberanistas.

Después de felicitar a Atutxa y los miembros de la mesa del Parlamento vasco que fueron condenados, la consellera ha reprochado que la sentencia es una "vergüenza desde el punto de vista democrático" y que no es la primera vez que el tribunal de Estrasburgo saca los colores al Estado español por sus prácticas poco transparentes y garantistas".

A partir de aquí ha relacionado la decisión del Tribunal europeo con la persecución judicial del proceso y ha advertido que iniciativas como la querella contra Borràs "explica por qué el Estado español se sitúa tan abajo en los rankings internacionales sobre seguridad jurídica". "Hay mucha prisa y mucha afición a la querella pero después Europa da un toque de atención", ha reprochado.

Munté ha denunciado que se persiguen judicialmente actos administrativos que son "totalmente legales y lícitos" y ha recordado que la actuación contra la consellera de Governació por el concurso de adquisición de urnas no ha sido todavía comunicada a los afectados, que sólo tienen noticia a través de la prensa. "Esta es una primera irregularidad flagrante que tiene que ver con esta falta de garantías que el tribunal de Estrasburgo pone de relieve", ha asegurado.

Uno de los objetivos del Govern ahora mismo es tranquilizar tanto a las empresas que optan a la licitación como a los funcionarios. "No hay nada que vulnere la ley ni el Estatut ni que sea merecedor de una querella. Estamos convencidos de la bondad de lo que hacemos, de la fuerza del planteamiento, de tratarlo desde el diálogo, la negociación y el acuerdo", ha subrayado Munté.

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