El segundo asalto para defender la inmunidad de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí continúa este viernes con los mismos protagonistas (exiliados, Parlamento Europeo, Abogacía del Estado y los 5 magistrados), que en la vista oral del jueves, y solo cambian de ubicación: de la sala azul a la Sala Grande del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en Luxemburgo. En la densa y técnica sesión del jueves el abogado de los tres políticos de Junts, Gonzalo Boye, ha intentado explicar al TGUE que el Parlamento Europeo, con su presidente David Sassoli, no actuó correctamente y dejó sin tramitar la inmunidad de los tres políticos en el exilio, hecho que permitió que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, dictara las euroórdenes de detención a los exiliados al día siguiente del 14 octubre del 2019, una vez los independentistas en la prisión fueron condenados por sedición, malversación y desobediencia al Tribunal Constitucional (TC). Si Sassoli hubiera elevado a la comisión de servicios jurídicos el caso de Puigdemont, Comín y, después de Ponsatí, el juez Llarena tendría que haber pedido primero el suplicatorio al Parlamento Europeo para sacarles la protección, como hizo en el 2021.
Las fechas de esta segunda vista oral (el caso T-272/21 R) son clave en este enrevesado proceso jurídico: el 19 de mayo de 2021, Puigdemont, Comín y Ponsatí presentaron un recurso contra las decisiones del Parlamento Europeo, adoptadas el 9 de marzo de 2021, con las cuales se suspendió la inmunidad de los tres diputados. El 26 de mayo de 2021 el vicepresidente del Tribunal General les dio la razón y aprobó su inmunidad de forma cautelar hasta resolver el actual litigio, y después las revocó, el 30 de julio de 2021.
Cuando el presidente Puigdemont fue detenido en Cerdeña, los tres exiliados volvieron a pedir medidas provisionales, que fue desestimado el 26 de noviembre de 2021, aunque el tribunal dejaba claro que no se les podía detener mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera las prejudiciales sobre euroórdenes, que le solicitó el juez Llarena, así como si los podía volver a pedir su detención. Así, pues, este viernes se prevé una nueva sesión larga y técnica, especialmente con las preguntas de los magistrados, que se ven instruidos en la causa, pero insisten en preguntar a las partes sus efectos reales y su opinión. Boye ya les advirtió en la sesión del jueves: "Nunca nos pondremos de acuerdo con el Parlamento Europeo", y menos con la Abogacía del Estado.
Los pasos para mantener la inmunidad
Las sentencias de las dos vistas de esta semana sobre la inmunidad de los tres eurodiputados de Junts se prevén para dentro de unos dos meses. Si el TGUE no da la razón a Puigdemont, Comín y Ponsatí, tienen dos meses y diez días por presentar recurso contra la resolución al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y, por lo tanto, mantendrían su inmunidad parlamentaria de forma cautelar hasta una resolución definitiva. El Parlamento Europeo también puede presentar recurso contra la resolución; mientras que el Estado español, no, ya que es parte adherida en esta causa.
Estas resoluciones se harán públicas casi a la vez que la vital sentencia del TJUE sobre las prejudiciales formuladas por el juez Llarena sobre si un estado miembro puede entrar en el fondo de una euroorden de otro estado (ante el rechazo de Bélgica a entregar al exconseller Lluís Puig por malversación) y si puede volver a pedir una euroorden para hacer detener al presidente Puigdemont (sería la cuarta). Así pues, entre finales de año y el próximo marzo, los políticos en el exilio se juegan la libertad de movimientos, y si se quieren arriesgar a pisar Catalunya, si les mantiene la inmunidad europea.