Una segunda oleada de independentistas se ha exiliado a causa de la investigación de terrorismo de la Audiencia Nacional contra la plataforma Tsunami Democràtic por su papel en las protestas contra la sentencia del 1-O. Al menos siete de los 12 investigados están residiendo fuera de Catalunya actualmente, y cuatro de ellos se han trasladado en los últimos meses por la investigación de la Audiencia. El diputado de ERC Ruben Wagensberg, el activista de Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó viven ahora en Suiza, donde ya está la secretaria general de ERC, Marta Rovira, desde 2018. Después del 1-O Jaume Cabani se marchó a Bélgica, donde hasta hace poco también estaba el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ahora en el Vallespir por la campaña del 12-M.
Todos ellos se exponen a ser juzgados y condenados por terrorismo por su presunta vinculación con Tsunami y las protestas contra la sentencia del 1-O. También están investigando el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay (en Catalunya), el empresario Xavier Vendrell (entre Catalunya y Colombia, es asesor del presidente Gustavo Petro), la dirigente de ERC Marta Molina, el empresario Oriol Soler (también en Catalunya), y el banquero suizo Nicola Flavio Giulio Foglia.
Molina y Soler están en Catalunya
De hecho, Marta Molina (ERC) y Oriol Soler no han optado por la vía del exilio y residen en Catalunya. La abogada de Molina, Marina Roig, ha explicado a El Nacional.cat que su clienta dará su dirección a la Audiencia Nacional, tal y como se le ha requerido. La dirigente de ERC es vecina de Girona. Lo mismo hará Soler, como ha confirmado a este medio su representante legal, Benet Salellas.
El poder judicial español, dispuesto a ir más allá de la ley
En una entrevista en la ACN Benet Salellas, abogado de Serra, Campmajó y Soler denuncia que, a pesar de la ley de amnistía, hay "un cierto descontrol en determinados espacios" del poder judicial español que están "dispuestos a ir más allá de lo que dice la ley" por motivos "políticos". "La inseguridad hace tomar decisiones como el exilio", asegura.
Más allá del riesgo de entrar en la prisión, Salellas explica que la decisión del exilio también es una vía para "denunciar internacionalmente que España utiliza el terrorismo para hacer callar la disidencia política": "Utilizaremos todas las vías institucionales para explicar en el mundo que se están vulnerando derechos fundamentales a ciudadanos europeos". "Hasta hoy el exilio ha demostrado que las decisiones de los países europeos han ido en contra de las autoridades españolas".
Traslado a Suiza desde noviembre
Salellas revela a la ACN que decidieron activar el dispositivo para marcharse a Suiza a raíz del auto del juez de la Audiencia Nacional Garcia-Castellón del 6 de noviembre del 2023. "Demostraba que era una causa que utilizaría la derecha judicial para luchar contra la ley de amnistía y que no seguiría los controles o las reglas de cualquier causa judicial ordinaria. Eso a mucha gente le hace plantear el riesgo de situaciones de privaciones de libertad y de órdenes de detención", afirma. Ante esta preocupación se opta por "marcharse al exilio".
Igual que Ruben Wagensberg, Oleguer Serra, miembro de la Junta de Òmnium, también se marchó hace meses de Catalunya tal como explicó él mismo en un acto este miércoles. La misma decisión tomó a finales de 2023 al periodista Jesús Rodríguez. De cara a esta nueva etapa "de exilio", Salellas defiende que "el coste lo tiene que asumir el movimiento" independentista. "No puede ser que las personas que se han marchado al exilio tengan que asumir los costes", remarca.