La decisión sin precedentes de la Junta Electoral Central (JEC) de destituir del cargo al presidente de la Generalitat, Quim Torra, al desposeerlo de su escaño en el Parlamento, se ha adoptado después de muchas horas de reunión y con una fuerte división interna: 7 a 6. Los integrantes del conocido como sector ultra del organismo y dos magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo, la que, presidida por el juez Manuel Marchena -en la imagen-, condenó a los líderes del procés independentista, han decantado la balanza.
Magistrada cercana al PSOE
La inhabilitación de Torra ha salido adelante con el apoyo de los 7 miembros que componen la Junta mientras que los 6 restantes se han posicionado en contra, según han revelado a ElNacional.cat fuentes conocedoras de la deliberación. Ana María Ferrer, miembro de la sala segunda del Supremo, así como el magistrado Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, son los dos miembros de la JEC próximos a Marchena que han apoyado las tesis de los más conservadores. Ferrer es una destacada magistrada de orientación progresista, primera mujer en ser miembro de la sala segunda del Supremo.
Causa contra Borràs
Se da el caso de que Eduardo Porres es, además, el instructor designado por el Supremo en la causa abierta contra Laura Borràs, número 1 de Junts per Catalunya (JxCAT) en el Congreso, por presuntos delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental en la adjudicación de contratos del Institut de les Lletres Catalanes, que presidía.
Además de Ferrer y Porres, votaron a favor de inhabilitar a Torra el presidente, Jesús Fonseca-Herrero, la vicepresidenta, Inés Huerta, Francisco José Navarro, Carlos Vidal y Silvia del Saz.
En cambio, anunciaron la presentación de votos particulares los vocales Antonio Vicente Sempere Navarro, María Luz García Paredes, José Luis Seoane Spiegelberg, Inés Olaizola Nogales, Consuelo Ramón Chornet y Juan Montabes Pereira. Los seis consideran que la Junta Electoral Provincial de Barcelona no tenía competencia sobre la cuestión.
La JEC, a pesar de ser un órgano de carácter administrativo, está formada por 8 magistrados del Supremo elegidos por sorteo, incluidos el presidente, Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, y la vicepresidenta, Inés Huerta Garicano, y 5 catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología designados por las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados.
Comunicación en el Parlamento
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a Torra por desobediencia el 19 de diciembre pasado después de que el president se negara a retirar la pancarta en solidaridad con los presos políticos colgada del balcón de la Generalitat. La Junta Electoral Provincial de Barcelona rechazó el cese del presidente pero PP, Vox y Cs recurrieron a la Junta Electoral Central.
La JEC ahora tendrá que trasladar la decisión a la junta provincial de Barcelona para que ésta la comunique al Parlament, con el fin de que formalice el cese de Torra como diputado y su sustitución. No obstante, las fuentes consultadas remarcan que el carácter sin precedentes de la situación hace muy difícil preveer los siguientes pasos: "Estamos en terreno desconocido", avisan.