Novedades después de las diferencias entre el Supremo y la Abogacía del Estado sobre las euroórdenes contra los políticos independentistas. Cuando el TGUE rechazó el pasado mes de julio devolver a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí su inmunidad como europarlamentarios, uno de los argumentos determinantes que utilizó fue el de la abogada del estado español, que había advertido que ningún tribunal de la UE podía ejecutar las euroórdenes hasta que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo se hubiera pronunciado sobre las cuestiones prejudiciales que planteó el juez Pablo Llarena. La responsable de aquel informe fue la abogada del Estado responsable ante el TJUE, que dependía del Ministerio de Exteriores, y agente del Reino de España, Sonsoles Centeno. 

Llarena planteó el mes de mayo unas cuestiones ante el tribunal de Luxemburgo sobre la decisión de Bélgica de no extraditar a Lluís Puig y la abogada del Estado advertía que mientras la corte europea no diera respuesta, todo el procedimiento quedaba suspendido. El argumento que ella había expuesto fue también el que esgrimió el tribunal de Sassari para dejar en libertad a Carles Puigdemont a finales de septiembre. Mientras exista una cuestión prejudicial pendiente de resolver, el procedimiento de las euroórdenes queda en suspenso. No obstante, este posicionamiento fue desmentido por el Tribunal Supremo, que aseguró desde el mismo momento en que se conoció la detención de Puigdemont que las euroórdenes seguían vigentes.

Desde el Supremo no se dudó a señalar el informe de la abogada del Estado como responsable de la decisión del tribunal de L'Alguer de dejar a Puigdemont en libertad y diferentes medios españoles llegaron a culpar a Centeno de haber cometido un "error" que permitió la puesta en libertad de Puigdemont en Sassari.

Dos meses después de aquella tormenta, Sonsoles Centeno pasará a trabajar para un bufete privado. Según informa El Confidencial, la letrada se ha cogido una excedencia de su trabajo como abogada del Estado y pasará a trabajar en calidad de socia para el nuevo despacho que abrirá la firma de abogados Pérez-Llorca el próximo año en Bruselas.

El bufete ha destacado con una nota de prensa que Centeno tiene profundo conocimiento de las instituciones europeas, dado que, entre otras responsabilidades, fue letrada del Tribunal General de la UE y consejera jurídica de la Representación Permanente de España ante la UE en Bruselas.

No obstante, Centeno, después de haber sido objeto de las iras del Supremo, dedicará a partir de ahora su pericia a un bufete privado.

 

En la imagen principal, el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo / ACN