Dos meses y medio después de registrarse la petición de la creación de una comisión de investigación del CatalanGate en el Parlament, esta empieza a caminar. Este jueves al acabarse el pleno del Parlament la presidenta, Laura Borràs, ha convocado a una Junta de Portavoces extraordinaria con un único punto: la presidencia de la comisión, que se ha acordado que sea para la diputada de ERC Meritxell Serret. La petición para crear esta comisión la registraron ERC, Junts, la CUP y los comuns el 3 de mayo, pero después de registrarse no se tuvo ninguna novedad. Dos meses después se supo que había habido varios problemas, principalmente desacuerdos entre ERC y Junts, para decidir la presidencia. Finalmente esta será para Esquerra Republicana. Una vez acordada la propuesta a la Junta de Portavoces, se tendrá que tramitar en la Mesa y después se tendrá que votar durante la sesión constitutiva de la comisión, donde también se tendrán que acordar el resto de cargos.
Los partidos presentaron la propuesta de resolución para crear esta comisión alegando que en el Congreso, los votos del PP, PSOE, Vox y Cs habían vetado la comisión de investigación en Madrid: "El Parlament de Catalunya no puede quedar impasible ante la gravedad de los hechos, en que atentan directamente contra derechos fundamentales," explicaban en un comunicado dónde también añadían que la comisión de investigación tendrá como principal objetivo conocer los detalles de estas intromisiones por parte del Estado a través del CNI, aparte de aclarar los detalles de las estructuras orgánicas y técnicas adscritas a los ministerios de Defensa, Interior, Exteriores, Presidencia, Vicepresidencia económica y Justicia del estado español que hayan participado, de forma directa o indirecta, en la monitorización y control de los afectados.
Con respecto a las formalidades, en la explicación inicial los grupos detallaron que este órgano podrá llevar a cabo las acciones legislativas y judiciales pertinentes a la vista de las conclusiones, y exigir, en el caso de que se deriven, las responsabilidades políticas, penales o civiles pertinentes, algo que los independentistas y los comuns ya han reclamado en numerosas ocasiones. La comisión tendrá un año de vigencia, redactará un informe final y elaborará un dictamen que será debatido por el pleno del Parlament. Además, estará integrada por dos miembros de cada grupo parlamentario y se prevé la posibilidad de que asistan técnicos, responsables políticos, funcionarios públicos y altos cargos de la Administración General del Estado, especialistas, miembros de entidades y otras personas representantes que se pueda considerar de interés y que puedan aportar información relevante para la investigación.