La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha elevado el tono en relación con el referéndum, durante la reunión del Grupo Parlamentario del Partido Popular celebrado en el Congreso este martes. "Hace falta que se sepa y se denuncie. La dinámica en que ha entrado a la Generalitat tiene muy poca cabida en una democracia" ha dicho ante el silencio de sus 137 diputados. Santamaría también acusa al Govern de "presionar" a los alcaldes para endosarles sus "decisiones ilegales"; es decir, el referéndum del 1-O, y de eludir responsabilidades, aunque no lo ha dicho así explícitamente.
"Hay presiones a los medios, o te implicas o no recibes su publicidad. Imaginad que eso lo hiciera el Gobierno de la Nación. Tendríamos cinco o seis comisiones encendidas en esta casa. Después, el resto de partidos no independentistas están sufriendo el ninguneo y el acoso de la CUP en sus sedes. En el Parlament no se convoca la junta y la mesa de portavoces cuando se requiere. Se hacen tramitaciones exprés y borradores de ley. Se ha perdido la neutralidad institucional, y eso va en contra de la Ley de Transparencia. Las presiones a los funcionarios son la tónica" es el escenario descrito por la vicepresidenta.
En esta tesitura, Santamaría ha denunciado que el Govern se estaría refugiando en otros actores para "eludir" sus responsabilidades. Ha puesto el ejemplo del 9-N y ha explicado que cuando el Tribunal de Cuentas ha reclamado las sanciones económicas al respecto, se había culpado a los interventores –como también se habría hecho en su momento con los voluntarios. Pero para el 1-O, la vicepresidenta ha acusado al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de hacer lo mismo con los alcaldes. "Buscan voluntarios para firmar decisiones ilegales", ha zanjado, después de decir que los ediles eran "presionados".
También ha habido una referencia expressa para los Comuns y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La número dos de Mariano Rajoy ha denunciado que el independentismo había llevado a cabo presiones a los primeros. "Es lo que tiene la equidistancia y la ambigüedad", ha dicho, ahora que el consistorio de Barcelona se ha abierto a poner facilidades al referéndum. "Las facilidades no pueden convertirse en dificultades para los funcionarios", ha añadido en relación implítica con Colau.
Finalmente, Santamaría ha insistido que el referéndum no tendría lugar porque el Tribunal Constitucional dictaminó el 14 de febrero –en la sentencia del 9-N– que todo acto preparatorio es ilegal. "Incluso tienen problemas para comprar urnas. Hoy el TSJC ha dicho que sigue el procedimiento contra Meritxell Borràs", ha puesto como ejemplo sobre las empresas adjudicatarias. Ha cerrado que la Generalitat no está cumpliendo ninguno de los dictámenes de la Comisión de Venecia o el Consell de Garanties Estatutàries para celebrar el referéndum, sentenciando que el Govern cada vez estaría "más solo" en el proceso soberanista.