La polémica surgida en torno a los votos de Convergència y el PNV al Partido Popular y Ciudadanos para que se garantizaran la vicepresidencia primera y tercera de la Mesa del Congreso no se extrapolará a la investidura. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha negado este viernes tras el Consejo de Ministros que hayan subscrito un pacto con ese objetivo. La constatación deja tranquilo a Ciudadanos, quien había amenazado con convertir su abstención en segunda vuelta en un 'no' en caso de que populares y convergentes estuvieran en trámites para formar gobierno, y redobla la presión al PSOE, por la coyuntura económica que vive España .

"El presidente del gobierno sólo ha lanzado la oferta para formar gobierno a los partidos constitucionalistas", ha asegurado la vicepresidenta interina. Estas tres fuerzas estarían llamadas a entenderse en el debate territorial o la defensa del euro, como ha indicado la representante del Gobierno español. Los populares dejan así constancia de que el presunto limbo, donde el PSOE habría metido a los independentistas, continúa vigente y que el deshielo entre Generalitat y Gobierno central se mantiene sólo para cuestiones económicas, como la reunión con el vicepresidente Oriol Junqueras este jueves.

Moncloa mantiene la oferta en pie a PSOE y C 's para constituir un gobierno de gran coalición, orientado a garantizar la estabilidad política. Ya que sus socios se han negado, el PP se acogería a la opción de un ejecutivo de amplia base parlamentaria. El gobierno en minoría con 137 escaños es el menos deseado por Mariano Rajoy. Lo que no está dispuesto el PP es a renunciar a su cabeza de lista, como pide el presidente de C's, Albert Rivera. Este sólo se pasaría al 'sí' si hay un gobierno de regeneración de políticas y líderes. Pero Santamaría cree que las elecciones fueron un "test de claridad sobre la confianza de los españoles" donde Rajoy fue el único en crecer en escaños.

El pulso con la formación naranja y los socialistas, que se niegan a la abstención, podría decaer con el paso de los días. Entre el 23 y el 30 de septiembre sería la fecha límite para tener los presupuestos aprobados y para los que es necesario que haya legislatura. Aunque la tramitación hubiera empezado entonces, se entraría de forma automática en proceso de prórroga de los mismos. Lo que preocupa es la existencia de partidas que no se renuevan ordinariamente y para las que hace falta un decreto. Son las pensiones o la paga de los funcionarios, que se tramitan en 30 días y por los que "se pueden ver afectados" muchos ciudadanos, según la vicepresidenta.

Con estas fechas, la investidura debería producirse como máximo a finales de agosto, si bien el objetivo inicial de Moncloa era hacerlo a principios de mes, entre el 2, 3 y 5. Según ha sabido este diario, fuentes del ejecutivo ya trabajan pensando en esa fecha. El propio presidente en funciones estaría manteniendo contactos "discretos pero constantes" a estos efectos. El gobierno se muestra optimista sobre la posibilidad de convencer a C 's y recuerda que la opción alternativa estará en manos de Pedro Sánchez. El secretario general socialista lleva desde la reunión con Rajoy sin salir ante las cámaras.

La conversión de los 1.600 millones, en estudio

La reunión entre los homólogos y vicepresidentes Santamaría y Oriol Junqueras sigue manteniendo interrogantes sin desvelar. Fuentes de la Generalitat aseguraron a El Nacional no entender el motivo de la cita, porque el crédito de 685 millones de euros por parte del Estado se hubiera actualizado de forma automática, en cualquier caso. Santamaría tampoco aclara por qué reclamó a vicepresidencia la máxima discreción. El Estado tapa las sombras de la reunión celebrando haber hecho una cesión a Catalunya que le permitirá cumplir con sus necesidades financieras en los meses de agosto y septiembre. Nada más, ya que fuentes del Ejecutivo han asegurado a este diario que la conversión de los 1.600 millones de euros de deuda del corto al largo plazo está en proceso de estudio por parte de Hacienda.