Escalada verbal del gobierno español contra el referéndum, a falta de sólo un mes para el 1-O. Si el miércoles pasado la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ya aseguraba que el Estado tiene a punte la respuesta a la "aberrante" la ley de Transitoriedad catalana, este viernes ha manifestado que "la democracia actuará con todas sus armas" para detener el referéndum.
Para la vicepresidenta, el Govern catalán "está planteando claramente un desafío hacia el modelo de convivencia y democrático", por lo que ha considerado que "merece una respuesta del conjunto de las instituciones del Estado que esté a la altura de las circunstancias". En este sentido, ha advertido de qué "el día que firmen lo que habrán firmado", en referencia a la convocatoria de la consulta, "será que salen de la democracia, y la democracia actuará con todas sus armas".
Así se ha expresado durante la Interparlamentaria del PP que se celebra en Valencia. Durante su intervención, la vicepresidenta ha señalado que el Estado de Derecho "tiene toda la fuerza de la ley" y, de hecho, ha defender que quién actúa dentro del marco legal "no tiene que tener ningún temor de aplicar la ley con todo lo que supone la fortaleza de una democracia".
"Estamos hablando de una serie de señores que han decidido que para ellos la democracia es otra cosa, que para ellos la democracia es que los medios no puedan opinar, que los funcionarios se tienen que poner a sus servicios, que todos tengan que bailar al son que ellos marcan"", ha criticado.
La dirigente popular ha recordado que el referéndum "a estas alturas no está convocado", ya que considera que "es más fácil anunciar que firmar", pero ha recalcado que desde el Gobierno español no ha estado esperando que este momento llegue. "Desde el primer momento tomamos decisiones y medidas. Desde que el Parlamento dio el pistoletazo de salida al proceso, el Gobierno (español) ha conseguido ir recortando las diferentes actuaciones de la Generalitat", ha asegurado.
"Llegamos al 1 de septiembre y ellos sin convocar referéndum, pero el Estado de Derecho está demostrando su fortaleza para que esta fecha no se materialice", ha subrayado, y se ha referido a hechos como que "el Tribunal Constitucional prohibió cualquier acto preparatorio del referéndum; hace tres meses se anularon todas las partidas presupuestarias que podían servir para pagarlo y hace 15 días se suspendió el procedimiento para aprobar el referéndum a toda prisa", así como a las inhabilitaciones en tramitación de "quienes han tomado decisiones contrarias al TC, Forcadell y sus seguidores en la mesa".