A a la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, no le sorprendería que Catalunya acabara celebrando unas nuevas elecciones, si la CUP decide no dar apoyo a los presupuestos de la Generalitat. "Por la forma cómo tuvo lugar la investidura del presidente Puigdemont parece que no hacía falta tener mucha imaginación para darse cuenta de la inestabilidad de aquel gobierno", ha dicho Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de los viernes.

Sobre esta cuestión, la vicepresidenta ha lamentado la inestabilidad de cualquier gobierno, que cree "siempre mala". También ha atribuido una voluntad de interés al Govern catalán y de las personas que están "al frente de esta institución", que según considera habrían buscado con anterioridad elecciones para poder "afirmar" el apoyo electoral, pero generando un perjuicio a los ciudadanos. Estaba haciendo referencia al proceso de independencia impulsado por el expresident Artur Mas. 

Desahucios y TC

El Gobierno central hace oídos sordos a las interpelaciones sobre la ley de pobreza energética y desahucios, unos artículos de la cual fueron suspendidos esta semana por Tribunal Constitucional, después de admitir a trámite el recurso que hizo el Gobierno español sobre la ley. Santamaría insiste en que Catalunya todavía puede aplicar la ley de pobreza energética, que no ha sido tumbada.

Sin embargo, la vicepresidenta en funciones obvia que no es la parte de pobreza energética lo que se tumbó, sino la posibilidad de que los ayuntamientos puedan presionar a los bancos para que les cedan los pisos vacíos. Estos elementos están comprendidos en los artículos recurridos y en la parte de desahucios. El Gobierno español insiste en denominar a medidas como ésta "procedimientos legales", y hace prevalecer el principio de igualdad comprendido en la Constitución, por considerar que Catalunya no puede legislar diferente que otra autonomía sobre temas judiciales, como avala el informe del Consejo de Estado.  

En este sentido, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que impulsa un paquete de medidas de choque social. Si estas leyes se aprobaran en el marco del Estado, ciertos artículos de ley catalana volverían a ser efectivos. Preguntada por El Nacional sobre esta posibilidad, Santamaría ha considerado "demagógica" la medida. El Gobierno español defiende que es una atribución del Estado y tampoco se muestra partidaria de cambiar esta legislación, la cual ha comportado el descontento de la Unión Europea en algunas ocasiones sobre los desahucios.

Choque con el Congreso

El Gobierno central tendrá que responder por el recurso que este jueves el Congreso presentó por el conflicto de atribuciones con la cámara baja. El Parlamento español consideró a lo largo de la legislatura fallida que no tenía que rendir cuentas y ni someterse a sesiones de control, en virtud de la ley 21 del Gobierno. Esta indica que un ejecutivo en funciones sólo tiene que personarse en el Congreso ante casos excepcionales, como cuestiones internacionales y de la Unión Europea, entre otros, y así hizo el ejecutivo español ante la cumbre del Brexit y de los refugiados, el pasado mes de marzo.

Aznar, de nuevo

La vicepresidenta ha tenido que salir al paso de las críticas del expresidente José María Aznar a usar el miedo a los "radicalismos" en campaña, que a Aznar no le parece adecuado, como este viernes expresó. Santamaría considera que hay que explicar a los ciudadanos españoles la posibilidad de que haya un Gobierno donde esté Podemos.