La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este martes, en un acto celebrado con motivo del Día Internacional del Aborto Seguro, que impulsará "todos los cambios necesarios" para poder introducir el aborto farmacológico —aquel que se realiza a través de medicamentos— en la cartera de servicios de Atención Primaria. Para poder hacerlo, Sanidad plantea modificar el real decreto que regula las prácticas que se pueden llevar a cabo en los centros de salud, así como la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos más ampliamente utilizados para finalizar el embarazo, y poder autorizar su uso en centros no hospitalarios. Hoy por hoy, las farmacias de los hospitales son las únicas que pueden suministrar este medicamento, pero el ministerio quiere ampliar su uso también a los Centros de Atención Primaria y a toda la red de Atención Primaria del Estado.
Desde el acto Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso, García ha explicado que se modificará el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios para adaptar los requisitos de la prestación del aborto farmacológico en los centros de salud. También se actualizará la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la Atención Primaria. "Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas y trabajando acompañados de los profesionales, porque queremos que las mujeres sepan dónde tienen que acudir, cómo pueden elegir la información y que tengan un equipo al que recurrir durante todo este proceso", ha destacado la ministra.
"Queremos que las mujeres elijan este método farmacológico cuando sea de acuerdo con su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después", ha enfatizado la responsable de Sanidad.
Información, proximidad y acompañamiento en la decisión
El objetivo de la medida, según ha dicho García, es "ofrecer información clara" a las mujeres desde sus centros de salud, así como "acompañarlas antes, durante y después" de este proceso. "Queremos que las mujeres sepan que tienen un equipo que las conoce y las acompaña", ha expresado la ministra. Además, la ministra ha indicado que los cambios que se pretenden introducir quieren "ahorrar desplazamientos, sufrimiento e inseguridades" a las mujeres embarazadas. "En definitiva", destaca la responsable de Sanidad, "que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esta decisión".
En este sentido, la ministra ha recordado que las comunidades autónomas tienen la obligación de garantizar el acceso al aborto y ha indicado que "la objeción de conciencia debe organizarse para que las mujeres reciban atención y ningún perjuicio periódico puede servir de excusa para bloquearla", ha subrayado. Algunas administraciones autonómicas, como la de Madrid, se han negado a crear los registros de objetores de conciencia en la sanidad pública que la reforma de la ley del aborto obliga a tener. Asturias, una de las otras comunidades que había recibido la advertencia de Sanidad, ha aprobado este lunes el decreto para crear el registro.
Defensa "con uñas y dientes" del derecho al aborto
También ha acompañado a García en la inauguración del acto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha anunciado que su ministerio está trabajando en un decreto para incidir en la "necesaria información de las mujeres, una información veraz, basada en la ciencia y sin bulos ni otro tipo de consideraciones" para que puedan tomar "responsablemente esta decisión, sin tutelas ni paternalismo", ha dicho. Durante el acto, las dos ministras han insistido en decir que el Gobierno defenderá este derecho "con uñas y dientes", ha subrayado García, y sin dar ningún "paso atrás", como ha añadido Redondo.
En este sentido, la ministra de Sanidad ha reivindicado el trabajo realizado por muchas mujeres a lo largo de los años para conseguir este derecho. "Por eso sabemos cuánto significa cada paso que se pueda dar sin miedo, cada duda que encuentra una respuesta y cada decisión que se recibe con respeto, sin juicios y con alguien al lado", ha apuntado. Por esta razón, indica que continuarán trabajando para "conseguir que las que vienen detrás hereden todos estos derechos y se encuentren con menos obstáculos".
En el año 2024, según los datos facilitados por Sanidad, se practicaron 106.172 abortos, en 34.092 de los cuales se utilizó la vía farmacológica, que consiste en la administración de diversos medicamentos autorizados para interrumpir el embarazo. Se trata del método más utilizado en la red pública, donde se realizaron 21.320 actuaciones, frente a las 12.772 contabilizadas en los centros privados. Por el contrario, en los centros privados sigue siendo mayoritario el uso del método quirúrgico, especialmente en los centros extrahospitalarios, que concentraron más de 63.000 actuaciones en 2024.
Dos medicamentos para el aborto farmacológico
El aborto farmacológico combina dos medicamentos diferentes en dos fases. En una primera se administra, por vía oral, la mifepristona. Este medicamento bloquea la aparición de la progesterona, la hormona que permite el progreso del embarazo. En efecto, el medicamento detiene el desarrollo del embrión y sensibiliza el útero antes de la administración del segundo medicamento. Este es el misoprostol, que uno o dos días después se coloca bajo la lengua, en el interior de la mejilla o por vía vaginal. Su función es provocar contracciones en la musculatura del útero y dilatar el cuello uterino para expulsar el contenido, de forma similar a una menstruación abundante o un aborto espontáneo. Los protocolos también incluyen la administración de analgésicos para controlar los cólicos y los dolores.