Continúa la pugna entre el gobierno del Estado y el de la Comunidad de Madrid sobre la creación de un registro de médicos objetores a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública, tal como pide la ley española que regula el aborto desde su reforma en el año 2023. En este nuevo auto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al gobierno de Isabel Díaz Ayuso que inicie “inmediatamente” la creación del registro de objetores. La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares que solicitaba el Ministerio de Sanidad ante la negativa del gobierno autonómico de aplicar la ley del aborto. El ejecutivo madrileño del Partido Popular ha anunciado, ya que recurrirá contra la decisión del tribunal.
El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí que impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración e “implantación”, en cumplimiento de la normativa vigente. El Ministerio recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que s'ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley, incluso después de que el gobierno español enviara a las comunidades que aún no lo habían hecho un requerimiento penal para que cumplieran la ley. La justicia madrileña ha aceptado la medida cautelar solicitada por Sanidad, al entender que no adoptarla “perpetuaría una perturbación del interés general” y también de los intereses de los profesionales sanitarios y de las mujeres gestantes.
No crear el registro va contra “el interés público”
Los magistrados no entran en el fondo la cuestión del registro de objetores de conciencia al aborto, pero señalan que no crearlo supone una “clara afectación del interés público”, que “está implícito en el cumplimiento de una obligación directa” impuesta por una ley orgánica y en cumplimiento del acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, en el cual, además, la Comunidad de Madrid votó a favor. El gobierno de la popular Díaz Ayuso sostenía que la interrupción voluntaria del embarazo está “completamente garantizada” con su organización actual del servicio. La comunidad defendía que las solicitudes de aborto se analizan internamente y se programan cuando algún profesional del centro está en disposición de practicarlo y, si no, la gestante es derivada “para ser valorada en las clínicas autorizadas”. Los magistrados dicen, sin embargo, que el registro precisamente quiere evitar la eventualidad de que “todos los facultativos resulten ser objetores” y se retrase así la prestación del servicio, “causa eficiente de posibles perjuicios psicológicos y/o físicos para la mujer gestante”.
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha celebrado la decisión del TSJM con un mensaje en la red social X donde ha celebrado la “victoria judicial por el derecho al aborto”. “Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99 % a la privada. Se ha acabado”. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha subrayado que la decisión del tribunal es un paso más para “garantizar el derecho al aborto en Madrid”, así como “la seguridad jurídica de los objetores”. Por su parte, la Comunidad de Madrid recurrirá contra la decisión, ya que considera que “ya está cumpliendo con la garantía del derecho a la objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo”.