Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, una solicitud de suspensión de la sentencia que los mantiene encarcelados en Lledoners y la petición de su "inmediata puesta en libertad" después de que el Tribunal de Apelación de Bruselas ha denegado la extradición de Lluís Puig.

El escrito presentado ante el TC por el abogado Jordi Pina recuerda que el Tribunal belga ha concluido que "existen motivos fundamentados para creer que, en caso de aceptar la ejecución de la orden de detención europea, se perjudicaría los derechos fundamentales" del exconseller de Cultura dado que no existe una "base legal explícita" para que sea el Tribunal Supremo quien lo juzgue.

Los tres dirigentes independentistas encarcelados argumentan que la justicia belga ha admitido que el Supremo vulneró el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, al igual que ha reconocido las conclusiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias.

 

Recuerda también que la sentencia de la Cámara de Apelación belga admite el "riesgo elevado de vulneración del derecho a la presunción de inocencia", que recoge el Grupo de Detenciones Arbitrarias, y se hace eco del "constante goteo de presunciones de culpabilidad realizadas tanto por miembros de la judicatura como por otros cargos políticos y miembros del Gobierno español".

Ante esta constatación emplaza el TC a "enmendar las graves vulneraciones de derechos fundamentales" que han sufrido los tres dirigentes independentistas encarcelados, entre las cuales enumera el goteo de informaciones publicadas durante el proceso que se siguió contra ellos en el Supremo.

El escrito considera que la consecuencia inmediata de las vulneraciones que se exponen sería la declaración de nulidad de la sentencia condenatoria del 14 de octubre contra los líderes del procés, por lo cual reclama que mientras no se toma una decisión al respecto se acuerde la "inmediata puesta en libertad" de los tres dirigentes con la suspensión de los efectos de la sentencia. En este punto recuerda que ya han cumplido una parte de la pena y que el TC ha tardado dos años en responder a los recursos previos, lo cual hace que pierdan sentido.

Además, subrayan que no existe ningún tipo de perturbación grave de ningún interés constitucionalmente protegido ni derechos fundamentales o libertades de otras personas que se vean afectadas por esta medida de suspensión.

 

En la imagen principal, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull en el Congreso de los diputados, donde recogieron sus actas de diputados en mayo de 2019 / Europa Press