El PSOE es quien tiene la sartén por el mango en el gobierno de coalición. Así pasará, también, con los 140.000 millones de euros que llegarán de la Unión Europea para hacer frente a la crisis del coronavirus. Habrá una comisión de control de estos fondos, que será prácticamente monocromática. Habrá diez ministros socialistas y un miembro de Unidas Podemos. La excepción es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pero el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha quedado excluido. Hay cierto enfado en la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lo sabe desde la semana pasada.

Según ha adelantado esta mañana la Cadena SER, el decreto que previsiblemente se aprobará contemplará la creación de cinco órganos de gobernanza de los fondos, todos dependientes de Presidencia. El principal es la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estará integrada por once ministros: Nadia Calviño, Teresa Ribera, María Jesús Montero, José Luis Ábalos, Isabel Celaá, Reyes Maroto, Luis Planas, Pedro Duque, Salvador Illa, José Luis Escrivá y, finalmente, Yolanda Díaz. De momento, es un borrador, que podría ser sometido a modificaciones.

Es lo que reclaman desde la vicepresidencia segunda, que ya sabían desde la semana pasada que no se había incluido a Pablo Iglesias en esta comisión, aunque no se ha querido hacer público hasta hoy. Y hay cierto enfado por esta exclusión. Consideran que lo más lógico es que estuviera presente, y por eso esperan una rectificación por parte de la presidencia del Gobierno. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya han hablado sobre este asunto.

Se crea una figura: los PERTE

Más allá de las dinámicas del gobierno de coalición, el plan de ejecución del Gobierno, que se traducirá en un decreto, crea una figura mixta entre el Estado y las empresas: los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica). Así, las empresas que quieran apostar por proyectos no se arriesgarán en solitario. Estas empresas tendrán preferencia en el cobro de subvenciones, que podrán ser otorgadas sin concurso previo. El texto también establece un mecanismo que permitirá avanzar hasta el 50% de los fondos de un proyecto "antes de la ejecución y justificación de las prestaciones previstas".