El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros del 16 de junio aprobará un fondo de 16.000 millones de euros que se destinarán a las autonomías para la reconstrucción después del coronavirus, pero aplicando el cambio que supone una penalización en varios territorios, entre los cuales Catalunya.
En una comparecencia posterior a la conferencia de presidentes autonómicos que ha tenido a lo largo de este domingo por la mañana, Sánchez ha asegurado que este dinero es una transferencia directa, no un préstamo, y que por lo tanto se trata de una "entrega definitiva", que no habrá que devolver. En este sentido, ha insistido en que se trata de la "transferencia de recursos mayor nunca realizada al margen del sistema de financiación autonómica".
Ingreso mínimo vital para 225.000 ciudadanos
Además, Sánchez ha anunciado que unos 255.000 ciudadanos recibirán el próximo 26 de junio el Ingreso Mínimo Vital, es decir, 75.000 hogares, y que la mitad de los beneficiarios serán menores. "El próximo 26 junio, 255.000 ciudadanos recibirán el Ingreso Mínimo Vital en sus cuentas bancarias, esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida, y más de la mitad de los beneficiarios de oficio van a ser menores", ha señalado Sánchez.
El Gobierno estima que este ingreso llegará próximamente a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores. Por eso, Sánchez ha justificado la aprobación de esta medida en que servirá para la "lucha contra la pobreza infantil".
Sánchez también ha informado de que solo en una semana, la web dedicada al Ingreso Mínimo Vital, que se aprobó el pasado viernes 29 de mayo en Consejo de Ministros, se han recibido 21 millones de visitas, en las que se han hecho 3,5 millones de simulaciones de las prestaciones, "cifras que, si visualizan algo, es el enorme impacto en la sociedad española, un impacto positivo".
Conferencia de presidentes presencial
Asimismo, Sánchez ha anunciado que convocará una reunión presencial de la Conferencia de Presidentes cuando todas las autonomías terminen las fases de la desescalada y se inicie el que el Ejecutivo denomina la nueva normalidad, con el objetivo de abordar medidas de reconstrucción económica y social para el país.
Sánchez ha defendido estas reuniones con presidentes aunque ha admitido que no han sido "una balsa de aceite". "No han faltado las tensiones, pero esto no tiene nada de especial siempre que las diferencias se expresen con respeto, y esto lo pongo en valor", dijo Sánchez.
Mascarillas obligatorias tras el estado de alarma
Sánchez también ha anunciado que el Consejo de Ministros del martes 9 de junio aprobará un Real Decreto con las normas que se deberán seguir una vez termine el estado de alarma para evitar rebrotes por el coronavirus.
Esta nueva orden obligará a usar mascarillas a las personas de seis años en adelante siempre que no se pueda garantizar el mantenimiento de distancia de seguridad. El uso obligatorio de mascarillas, que se aplicará también en transporte público, no se aplicará a aquellas personas con problemas respiratorios.
"Una vez superada la fase aguda se requieren otras medidas, que se están trabajando ya en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que regirán mientras se mantengan la emergencia sanitaria",
El documento que el Ejecutivo aprobará el martes recogerá también medidas organizativas de prevención e higiene para establecimientos de trabajo, centros docentes, centros sanitarios, comercios, medios de transporte público o instalaciones deportivas, entre otros, "para evitar la coincidencia masivas de personas".
La nueva orden incluirá también medidas sobre medicamentos y productos sanitarios, que, según ha asegurado Sánchez, garantizarán el abastecimiento de medicamentos esenciales. Además, está previsto que la Agencia Española de Medicamentos pueda otorgar "licencias excepcionales" para la fabricación de mascarillas y otros equipos de protección.
Asimismo, Sánchez ha destacado que el documento establecerá la obligación a las autoridades de salud pública competentes de facilitar "todos los datos necesarios" para el seguimiento de los casos de Covid-19 y "conocer de manera inmediata los casos y los rebrotes".
"A todo caso sospechoso se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica tan pronto como sea posible", ha subrayado el presidente del Ejecutivo, destacando que las comunidades autónomas "deberán garantizar la capacidad de responder ante posibles rebrotes a través de la elaboración de planes de contingencia ante el virus".
En este sentido, el presidente del Gobierno ha añadido que las comunidades autónomas "deberán garantizar un mínimo de asistencia en Atención Primaria y hospitalaria".