El gobierno de Pedro Sánchez y el de Imanol Pradales en el País Vasco han cerrado el traspaso al País Vasco de cinco nuevas competencias, entre ellas las prestaciones por desempleo. El acuerdo, que ya estaba pactado desde hacía meses, se ha concretado en el último momento, un día antes de la celebración de la Comisión Mixta de Transferencias, que hasta este jueves estaba en el aire por discrepancias entre ambos ejecutivos que han elevado la tensión política entre el PNV y el PSE. Las cinco transferencias que asumirá Euskadi son las prestaciones por desempleo, las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia). El acuerdo in extremis, que aleja el fantasma de una ruptura entre el PNV y el gobierno español y evita una crisis política, acaba por convertir al País Vasco en la primera comunidad autónoma que gestionará el servicio del paro, y también asumirá la competencia sobre los subsidios por desempleo.
De esta manera, el Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, gestionará, por ejemplo, la tramitación, el reconocimiento, el pago, la inspección y la sanción de las prestaciones por desempleo. El importe de estas prestaciones alcanzó en 2024 los 822 millones de euros. La tramitación y la competencia para percibir estas prestaciones pasarán del SEPE a Lanbide, y posteriormente será el Estado quien deberá compensar el pago a las arcas de la administración vasca. La transferencia incluiría el traspaso de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de 534 trabajadores, aunque el Estado mantendría la capacidad normativa.
Tensiones entre los dos gobiernos
El acuerdo que ha permitido desbloquear la firma, pocas horas antes de que se celebrara la Comisión Mixta, ha llegado esta misma mañana tras varias conversaciones que han mantenido el lehendakari, Imanol Pradales, y varios altos cargos de su gabinete con algunos ministros e incluso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha confirmado la portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, en Vitoria. La portavoz ha explicado que uno de los puntos de fricción entre ambos gobiernos, que ya han resuelto las dos haciendas, ha sido la financiación de las cinco materias a través del cupo derivado del concierto económico, aunque no ha ofrecido más detalles sobre las discrepancias ni sobre el acuerdo definitivo. Lo hará, ha dicho, este viernes en Madrid, cuando los traspasos estén firmados. Así, a las 10.30 horas de este viernes, en Madrid, se reunirá la Comisión Mixta de Transferencias para formalizar el traspaso de las competencias relativas a las prestaciones de desempleo (incluyendo subsidios), las prestaciones familiares no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo (planificación, investigación y rescate en aguas vascas, tasas y sanciones), el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo (Bizkaia). "Todavía, a día de hoy, no tenemos nada firmado", aunque hay acuerdo, ha repetido Ubarretxena.
Un compromiso bilateral aplazado desde julio
El pacto responde a un compromiso bilateral específico de julio del 2025 entre el lehendakari Imanol Pradales y el presidente Pedro Sánchez, aplazado desde diciembre por desacuerdos entre los dos gobiernos, con el PNB exigiendo respeto por el que se había pactado y criticando los retrasos de los secretarios de Estado. El acuerdo de investidura PSOE-PNB de noviembre del 2023 establecía un plazo de dos años para transferir todas las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, incluida la Seguridad Social. Había un compromiso entre el PNB y el PSOE para que en 2025 se cumpliera íntegramente el Estatuto de Gernika con la transferencia de las competencias pendientes, recogido en el acuerdo entre socialistas y nacionalistas para la investidura de Pedro Sánchez y en el pacto programático que firmaron ambos partidos para el Gobierno de coalición que sustenta el Ejecutivo vasco.
Una quincena de competencias sobre la mesa
Quedan al menos 15 competencias para transferir para cumplir el Estatuto de Gernika del 1979, como las pensiones contributivas, el Instituto Social de la Marina y otras en el ámbito de la Seguridad Social. La más polémica y difícil es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. También son sobre la mesa la gestión de los aeropuertos vascos y de los puertos de Bilbao y Pasaia. Euskadi ya acumula numerosos traspasos recientes, y lidera el Estado español con 23 transferencias desde el 2018.