El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, ha anunciado este martes que el Govern prevé convocar el referéndum del 1 de octubre en base a la Ley del Referéndum, registrada por Junts pel Sí y la CUP hace dos semanas, aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la impugne y el Tribunal Constitucional (TC) eventualmente la suspenda.
En declaraciones a RAC1, Rull ha respondido a Rajoy, que este lunes advirtió a la Generalitat que el Gobierno llevaría la Ley del referéndum al TC si la Mesa del Parlament la admite a trámite, previsiblemente el 16 de agosto. El conseller ha contestado este martes al presidente del Gobierno y ha defendido que esta ley será aprobada por un Parlament "legítimo y democrático", por lo que considera que puede aplicarse aunque sea rechazada por el Gobierno y el Alto Tribunal.
Aunque el Govern no utiliza explícitamente el término de desobediencia, asegura que obedecerá a la Cámara catalana. "Lo que haremos como Govern es obedecer a una ley que ha sido aprobada por el Parlament de Catalunya y le daremos plena vigencia", ha asegurado Rull.
La Generalitat se ampara en dos derechos reconocidos internacionalmente que, a su parecer, les permite sortear el TC. Recurren al principio democrático, que reconoce el referéndum como una operación democrática, y el derecho de excepción, que les permite no cumplir con el derecho interno español porque el Govern ha intentado de "buena fe" pactar el referéndum y, al negarse el Estado, considera que puede elaborar una ley catalana para hacer la consulta.
Voto por correo, no por Correos
En referencia a las declaraciones del líder de Demòcrates de Catalunya, Antoni Castellà, que insinuó este lunes que Correos podría dificultar el voto a distancia, Rull ha recomendado el voto presencial de cara al 1 de octubre para evitar posibles trabas del Estado contra los mecanismos que habilite la Generalitat.
Descartada la votación electrónica, el conseller ha asegurado que la Generalitat buscará facilitar "el voto por correo más que por Correos, previendo que no podrá contar con la colaboración de la empresa estatal.