Choque en la Fiscalía General del Estado. Después de la negativa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a que el Consejo Fiscal analizara la ley de amnistía a instancias del Senado, la Asociación de Fiscales, la conservadora y mayoritaria en el Consejo Fiscal, ha escrito un informe de 160 páginas muy contundente y crítico contra la amnistía. El texto considera que la ley supone una “intromisión” y un “instrumento de injerencia” en la esfera “propia y exclusiva” del Poder Judicial. Asimismo, denuncia que “incide de forma relevante en el ámbito funcional propio del Ministerio Fiscal” y su aplicación “influye radicalmente en determinados procesos penales”. Además, critica que la intención sea “evitar la persecución penal de determinados sujetos” y enmarca el acuerdo para aprobarla en una “razón de confesada necesidad coyuntural para hacer realidad una investidura”. También lamenta el hecho de “haber sustraído a la opinión de un buen número de electores el cambio esencial de postura en un tema de extraordinaria relevancia política y social para España”.
A diferencia de la opinión del fiscal general del Estado, que sostiene que “cualquier pronunciamiento” podría ser una “distorsión en el debate jurídico” y arguye que elaborar un dictamen sobre la amnistía no tiene “ninguna fundamentación” porque el Consejo Fiscal “no tiene competencia para informar sobre proposiciones de ley que estén en tramitación parlamentaria”, los fiscales conservadores apelan al “deber general de colaboración con las Cortes Generales”. Apuntan que tiene que ser así “a requerimiento de estas y siempre que no haya obstáculo legal”. En esta línea, reprochan al fiscal general del Estado que “haya ignorado deliberadamente” las peticiones del Senado, consideran “inconcebible” que “estime que las peticiones formuladas por los vocales no merecen respuesta” y tildan de “muestra de descortesía” que se haya limitado a replicarles “desdeñosamente” con una copia de las cartas que envía al Senado. Su propuesta es que se incluya el debate de este borrador en el orden del día del pleno del Consejo Fiscal del 25 de abril.
“No se puede establecer una nueva definición de terrorismo diferente del Código Penal”
Entrando en la radiografía al detalle de la proposición de ley de amnistía, consideran que la amnistía “obvia la gravedad intrínseca que comporta cualquier forma de terrorismo”. Sobre el hecho de que el redactado de la ley no mencione el Código Penal español en este apartado y apele directamente a una directiva europea, sostienen que “no puede haber contraposición entre el Código Penal y la directiva de la Unión Europea” y arguyen que “no se puede establecer una nueva definición de terrorismo diferente de la contenida en el Código Penal”. Añaden que tampoco se puede “eliminar la obligación nacional e internacional de España de perseguir efectiva y disuasoriamente los delitos de terrorismo, con independencia del tipo de resultado producido, pretendiendo introducir así una especie de terrorismo lenitivo amnistiable”.
“No hay nada más contrario a la eficacia en la lucha contra la corrupción que su olvido”
Asimismo, consideran que la amnistía es “contraria” a los “compromisos asumidos por España en la lucha contra la corrupción” porque “no hay nada más contrario a la eficacia en la lucha contra la corrupción que su olvido, sea cual sea la forma criminal en que se manifieste”. Además, avisan de que “la no exigencia de sanción efectiva del delito de malversación y de la restitución de los bienes desviados” contraviene el derecho de la Unión Europea.
“La amnistía rebaja los estándares mínimos de calidad democrática”
Además, esgrimen que la amnistía supone una “rebaja de los estándares mínimos internacionales de calidad democrática, de desarrollo humano y de bases éticas del ejercicio de las funciones públicas” y aseveran que “no hay antecedentes internacionales y europeos válidos de una amnistía de tal tipo de conductas”.
Finalmente, consideran que solo la Constitución de manera “clara, expresa y específica” puede autorizar una intromisión en el Poder Judicial, dado que los constituyentes rechazaron las enmiendas que proponían la “inclusión expresa” de la amnistía y “dejaron constancia de no querer constitucionalizarla”. “Cualquier iniciativa que vaya encaminada a su previsión y regulación contraviene frontalmente la Constitución, porque no tiene apoyo normativo expreso para poder aprobarla”, apuntan.