El procesamiento por sedición del major, Josep Lluís Trapero, y toda la cúpula de Interior se estudiará el próximo 25 de junio en la Audiencia Nacional. Tanto Trapero como Teresa Laplana, Cèsar Puig y Pere Soler presentaron el recurso después de conocer su procesamiento por sedición por las concentraciones que hubo el 20 de septiembre durante los registros en la Conselleria de Economía. La jueza Carmen Lamela los tumbó y ahora recurren a un nivel superior.

La Audiencia Nacional estudiará los recursos en una vista donde no hace falta que vayan los procesados y donde no se tomará inmediatamente la resolución.

Por este trámite también pasaron los consellers encarcelados y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, pero finalmente la vista se suspendió porque la sala de apelaciones había querido correr demasiado y no respetó los tiempos procesales de Cuixart.

Los argumentos de Trapero

En su escrito dirigido a la Audiencia Nacional, Trapero rechazó haber puesto el cuerpo policial catalán al servicio del proceso independentista y negó cualquier connivencia con el plan soberanista.

No obstante, la magistrada no dio por válidos sus argumentos y confirmó el procesamiento negando que las acusaciones que recaen sobre él y los otros investigados se basen en "meras conjeturas". Al contrario, la jueza expuso en su acto que las 21 diligencias practicadas desde que arrancó la investigación a finales de septiembre demuestran que hay indicios racionales de criminalidad.

Trapero está procesado por dos delitos de sedición y uno de organización criminal por los hechos del 20 de septiembre delante de la Conselleria d'Economia en Barcelona y la jornada del referéndum independentista el 1 de octubre. Puig i Soler, por organización criminal y un único delito de sedición, para el 1 de octubre, mientras que a Laplana la jueza le atribuye un solo delito sedición en relación con los incidentes del 20 y 21 de septiembre.

Los argumentos de Lamela

Después de las indagaciones realizadas, la jueza Lamela concluyó que Trapero y los exjefes políticos de los Mossos integraban una organización jerarquizada "bajo una dirección común que en la cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Catalunya", con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas, que fue lo que "en definitiva permitió la celebración del referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre".

La jueza de la Audiencia Nacional describió en su acto de procesamiento el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión, en el marco de una estrategia premeditada y perfectamente coordinada. De acuerdo con este plan común, Lamela se centra en la "utilización ilegal" de los Mossos "al servicio de los intereses secesionistas".

Con respecto a los incidentes ocurridos los días 20 y 21 de septiembre, Lamela apuntó que la actuación de los Mossos fue la de omitir con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, mientras que con respecto al referéndum ha apuntado que la actuación de los procesados no sólo se limitó a no cumplir con la actuación judicial sino que fue más allá "propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos por anticipado por los ocupantes de los colegios, facilitando de esta manera que estos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar".