Un retrato de Felipe VI construido con cientos de fotografías del referéndum del 1 de octubre fue la singular y original fórmula que el Ayuntamiento de Girona encontró para cumplir una sentencia judicial que le obligaba a volver a colgar "el retrato institucional" del monarca en la sala de plenos después de más de una década sin ningún retrato real. Ahora, aquel mosaico se ha convertido en el centro de una batalla judicial que va mucho más allá de una cuestión decorativa. El debate es si la composición elaborada con imágenes de las cargas policiales, las urnas y la jornada del referéndum independentista puede considerarse legalmente una "efigie" del rey, tal como exige la normativa, o si, por el contrario, el Ayuntamiento está desobedeciendo una resolución judicial. Como el mosaico sigue colgado mientras se tramita el recurso, Vox ha vuelto a acudir a los tribunales y pide que se estudie si los hechos podrían derivar en responsabilidades penales. El Ayuntamiento rechaza esta interpretación y defiende que no hay ninguna voluntad de desobedecer. Según argumenta en sus alegaciones, existen "discrepancias interpretativas" sobre la manera de materializar la sentencia y, por lo tanto, no se puede hablar de una negativa consciente ni de una actitud rebelde ante un mandato judicial.
De Puigdemont a Salellas: diez años sin foto del rey
La historia se remonta a junio de 2014. Cuando Juan Carlos I abdicó, el entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, retiró del salón de plenos los retratos del rey emérito y de la reina Sofía. Las imágenes nunca fueron sustituidas por las de Felipe VI. Durante más de diez años, la sala de plenos funcionó sin ninguna fotografía del monarca. Hasta que Vox llevó el caso a los tribunales. El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Girona dio la razón al partido ultraderechista y recordó que el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales establece que "en un lugar preferente del salón de sesiones habrá colocada la efigie de S.M. el Rey".
"Acatamos pasando al ataque"
Ante la obligación judicial, el alcalde de Girona, Lluc Salellas, optó por una solución tan imaginativa como polémica. En septiembre de 2025, el consistorio colgó una imagen de Felipe VI elaborada a partir de centenares de fotografías del 1 de octubre. Al lado añadió un plafón explicativo que recordaba que la presencia del retrato era fruto de un "imperativo legal" y criticaba el discurso que el monarca pronunció el 3 de octubre de 2017, cuando no condenó la violencia policial ejercida durante el referéndum. "Acatamos pasando al ataque", resumió entonces Salellas, que defendió el mosaico como una manera de cumplir la sentencia sin renunciar al rechazo institucional de Girona hacia la monarquía española. Para el gobierno municipal —formado por Guanyem, Junts y ERC—, el retrato servía a la vez para acatar la resolución judicial y reivindicar la memoria del 1-O.
Los argumentos del Ayuntamiento
El juzgado no lo vio igual. En febrero, un nuevo auto concluyó que el mosaico no cumplía el espíritu de la sentencia porque no era una imagen institucional y porque incorporaba una carga política incompatible con la neutralidad que se espera de un retrato oficial. El tribunal ordenó retirarlo y sustituirlo por una fotografía institucional de Felipe VI en el plazo de un mes. El Ayuntamiento recurrió la decisión, basando buena parte de su defensa en una cuestión lingüística. Según el consistorio, la ley no obliga a colgar una fotografía oficial concreta, sino una "efigie". Y para demostrar que el mosaico cumple este requisito, recurre a la definición de la Real Academia Española (RAE), que describe una efigie como una "imagen o representación de una persona" e incluye como sinónimos palabras como retrato, pintura, figura o icono. Además, Girona recuerda que el propio juzgado admitió en su resolución que la figura de Felipe VI es perfectamente reconocible en el mosaico.
La batalla por el lugar del retrato
La disputa no afecta solo la imagen, sino también su ubicación. En el auto de febrero resolvía que la ubicación no era la correcta y exigía que se colocara en uno de los "laterales inmediatos" a la presidencia, porque el espacio central del salón de plenos lo ocupa ya un escudo de piedra de la ciudad. El juzgado considera que el retrato debe estar situado en un espacio de máxima visibilidad, cercano a la presidencia del pleno y al escudo de la ciudad. El Ayuntamiento, en cambio, sostiene que el tribunal se ha "extralimitado" porque la normativa no especifica en qué punto exacto de la sala se debe colocar la imagen del rey. Según el consistorio, determinar la organización de los espacios municipales forma parte de la autonomía local y no corresponde a los tribunales decidir dónde se debe colgar un cuadro dentro del salón de plenos. El Ayuntamiento sostiene que la decisión del juzgado supone una "vulneración de la autonomía local". También, porque en ningún caso el artículo 85.2 del ROF especifica lugares concretos del salón de plenos donde se deba colgar la imagen del Borbón.
Vox vuelve a la carga
Mientras espera que el juzgado se pronuncie sobre este recurso, el Ayuntamiento de Girona ha tenido que responder a una nueva ofensiva judicial de Vox. El partido de ultraderecha ha presentado otro escrito ante el contencioso en el que denuncia que, cuatro meses después del auto, el consistorio continúa manteniendo en el salón de plenos el mosaico de Felipe VI elaborado con fotografías del 1-O y no lo ha sustituido por un retrato institucional del monarca. En su escrito, Vox reclama al juzgado que identifique el cargo municipal responsable de cumplir la resolución y que le imponga multas coercitivas de 1.000 euros, renovables hasta que se ejecute completamente la orden judicial. Además, insta al tribunal a estudiar una eventual vía penal por el incumplimiento del auto.
Las alegaciones del consistorio, presentadas a principios de junio, rechazan esta interpretación. El Ayuntamiento sostiene que no existe ninguna voluntad de incumplir las resoluciones judiciales y argumenta que todavía persisten "discrepancias interpretativas" sobre la manera de materializarlas. Por ello, considera que no hay ninguna base jurídica para imponer sanciones ni para abrir la puerta a responsabilidades penales, ya que no se ha producido ninguna "conducta de resistencia consciente, deliberada, persistente y rebelde ante un mandato judicial claro e inequívocamente formulado".
Más que un retrato
El litigio ha acabado convirtiendo un simple retrato en un símbolo político. Para Vox, el mosaico es una manera de burlar una resolución judicial y de ridiculizar la institución monárquica. Para el gobierno de Girona, es una forma legítima de cumplir la ley sin renunciar a expresar el posicionamiento político de la ciudad respecto al rey y al papel que jugó durante la crisis del 1 de octubre. La decisión final de los tribunales determinará si una imagen construida con fotografías del referéndum puede ser considerada oficialmente una "efigie" del rey.