La ciudad de Barcelona, como muchos otros municipios de Catalunya, exhibe todavía, a 40 años de la muerte del dictador Franco, centenares de placas franquistas, en su mayoría de las que identificaban viviendas de protección oficial con el símbolo del yugo y las flechas.

Ahora, un censo elaborado por la Asamblea de Paradas y Parados de Nou Barris a partir de un encargo del Gobierno municipal, ha identificado sólo en este distrito hasta 232 placas de vivienda franquistas. El recuento forma parte de un proceso puesto en marcha por el consistorio, que tiene como finalidad retirar toda la simbología franquista que todavía perdura por las calles de la ciudad.

Con el inventario hecho, el Distrito enviará en otoño una carta a las comunidades de propietarios de los edificios con placas donde se indicará la voluntad de retirarlas. Será el Ayuntamiento quien se hará cargo de los costes de sacarlas y de arreglar el espacio donde estaban colocadas

Placas contrarias a los valores democráticos

El Distrito considera que las referencias franquistas en el espacio público son contrarias a la democracia, la libertad y la solidaridad, y representan una infracción moral hacia la memoria de las víctimas del fascismo y de aquellas personas que sufrieron la represión de la dictadura en el Estado entre 1936 y 1975.

Por eso, en diciembre pasado anunció un conjunto de medidas que, entre otros, preveían eliminar todas estas referencias y garantizar que el espacio público sea un entorno de socialización y educación donde se pongan en valor las tradiciones populares y democráticas. Una de las iniciativas era la de inventariar todas las placas de vivienda para actualizar el censo y poder iniciar el proceso para retirarlas.

Más de 700 direcciones verificadas

Durante el mes de  julio, el Ayuntamiento ha contratado un equipo de seis personas en situación de paro, la mayoría de larga duración, para realizar un mapeo exhaustivo de las placas franquistas instaladas en las fachadas de los edificios del distrito.

En base a este trabajo, se ha realizado un informe incorporando a las direcciones señaladas las fotos de las placas existentes o bien el espacio que ocupaban antes de ser retiradas por los vecinos.

Durante el proceso de identificación, el equipo de la Asamblea de Paradas y Parados de Nou Barris ya ha intentado contactar con los vecinos de cada comunidad para solicitar la identificación de presidentes de comunidad o gestoría que les representa poder comunicarles la retirada de estos símbolos franquistas.

Ley de memoria Histórica

Con respecto al marco normativo, la Ley 52/2007 de 26 de diciembre de Memoria Histórica convirtió a las administraciones públicas y, en este caso el Ayuntamiento, en responsables de la retirada de los símbolos presentes en todos los edificios de titularidad municipal, plazas, parques y jardines. Eso permitió desterrar de la ciudad y de los edificios públicos todos los monumentos, esculturas y relieves franquistas. Destacan el monumento a la Victoria de la plaza Juan Carlos I; a los Caídos en la avenida Josep Tarradellas y al Foso de Santa Elena, en el castillo de Montjuïc; y los escudos que se conservaban en el edificio de capitanía militar del paseo de Colón y en el cuartel del Bruc.

En Nou Barris, el Ayuntamiento retiró la inscripción franquista que había en el monumento del Grupo Carlos Trias –nombre del último jefe provincial del Movimiento en Barcelona–, inaugurado el año 1970 en la calle de Artesanía, donde se construyó el último grupo de casas inauguradas en la Guineueta a cargo del Patronato Oficial de la Vivienda. Al ser una propiedad privada de uso público, el monolito, sin embargo, continúa en pie.

Actualmente, no consta que exista en Barcelona ninguna escultura ni símbolo franquista en el espacio público. Pero todavía sobreviven centenares de placas y símbolos en espacios privados de uso público o similares de la ciudad, como iglesias y cementerios, y muchas de estas están repartidas por Nou Barris.

La Ley de memoria Histórica indica que los privados se tienen que adecuar a lo que marca la norma, y, en caso de no hacerlo, la administración les podrá retirar las subvenciones y ayudas públicas. El texto, además, no cede la iniciativa exclusivamente al particular, sino que insta a las administraciones a tomar las medidas oportunas a fin de que se retiren los símbolos.